Fernanda Durán
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibió durante el año pasado alrededor de 110 a 120 amparos promovidos principalmente por estudiantes de licenciatura para acceder a la gratuidad de la educación superior, una obligación constitucional que, de acuerdo con el rector Alejandro Zermeño Guerra, ha terminado trasladando presión financiera a las universidades públicas sin que el Gobierno Federal haya aportado los recursos comprometidos para compensar la eliminación de cuotas.
En entrevista, Zermeño aclaró que no contaba con la cifra exacta correspondiente a 2026, pero estimó que durante el ejercicio anterior se presentaron entre 110 y 120 recursos legales, concentrados principalmente entre estudiantes de licenciatura y, en menor medida, de posgrado. Con ello, cuestionó que las universidades sean las instituciones contra las que se dirigen los amparos, cuando, sostuvo, la gratuidad fue un compromiso asumido por el Gobierno Federal con la reforma constitucional en materia educativa.
La reforma al artículo tercero constitucional de 2019 estableció la gratuidad de la educación superior pública y dio paso a un esquema gradual para avanzar hacia ella. Desde 2020, la UASLP ha mantenido congeladas sus cuotas de inscripción y reinscripción, mientras que en sus presupuestos ha advertido reiteradamente sobre la falta de los recursos que deberían compensar los ingresos que deja de obtener por esta política.
Zermeño explicó que las instituciones públicas han solicitado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), gestionar ante la Secretaría de Hacienda los recursos necesarios para sostener la gratuidad, pues consideró que el impacto financiero no puede analizarse únicamente a partir de los estudiantes que recurren al amparo.
“Es un golpe a la economía de las instituciones muy fuerte”, expresó.
En el contexto de presión presupuestal para la UASLP, el rector señaló que la Universidad mantiene desde principios del año las gestiones para obtener los recursos estatales pendientes y espera que estos sean regularizados entre octubre y noviembre.
“Obviamente nos hace mucha falta. Y si no, vamos a tener una situación tan crítica como el año pasado. Y espero que no vayamos a tener esa necesidad de llegar a una crisis como fue el año pasado”.
El rector situó en alrededor de 200 millones de pesos el recurso pendiente al momento de la entrevista y aseguró que mantuvo comunicación hace algunas semanas con la Secretaría de Finanzas, cuya titular se habría comprometido a entregar los recursos restantes a la Universidad.
La preocupación inmediata, explicó, es evitar que la falta de liquidez alcance nuevamente las obligaciones de nómina, como ocurrió durante la crisis financiera que enfrentó la institución al cierre de 2025.
“Ya lo vivieron el año pasado también las presiones y espero, te digo sinceramente, que entiendan que trataremos de nuestra parte de evitar esa situación”.
De acuerdo con los datos disponibles, de abril a septiembre el Gobierno del Estado transfirió cada mes la misma cantidad (26 millones 666 mil 667 pesos), pese a que los montos calendarizados eran distintos. El Gobierno Federal, en contraste, transfirió en septiembre los 314 millones 529 mil pesos que tenía programados.
Con esta nueva ministración insuficiente, el pasivo estatal se ubicaría al cierre del tercer trimestre en aproximadamente 235 millones 598 mil 709 pesos, aunque la cifra todavía deberá ser confirmada oficialmente por la actualización del Tablero de Cumplimiento de Ministraciones de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP prevista para los primeros días de octubre.
