Fernanda Durán
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobó sin modificaciones el dictamen de la iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para restringir, durante toda la jornada escolar, el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en los servicios de educación básica.
El proyecto modifica nuevamente el artículo 60 de la Ley de Educación del Estado y establece que los celulares deberán permanecer fuera de uso mientras aplique la restricción. Sin embargo, contempla excepciones cuando exista una finalidad pedagógica determinada por el personal docente, una situación de emergencia, razones de salud o cuando su utilización sea necesaria para garantizar algún derecho.
La reforma todavía deberá pasar al Pleno para su discusión y votación. El Congreso ya había modificado este mismo artículo en febrero de 2026 para establecer un esquema de uso complementario de dispositivos electrónicos como herramientas educativas y ordenar a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) la emisión de lineamientos.
La aprobación se realizó en una sesión híbrida de la Comisión de Educación, en la que únicamente estuvo de manera presencial su presidente, Crisógono Pérez López, mientras que el resto de las y los integrantes participó a distancia. El diputado explicó posteriormente que varias legisladoras y legisladores se encontraban comisionados en distintos informes de gobierno municipales y que, desde antes, se tenía previsto que siguieran la reunión vía Zoom.
Durante la presentación del dictamen en comisión se señaló que la nueva propuesta busca establecer directamente en la ley una regla general para educación básica:
“Queda restringido durante toda la jornada escolar el uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos personales de comunicación, conectividad o acceso digital”.
A diferencia de una prohibición para ingresar con el teléfono al plantel, el dictamen se concentra en su utilización. Los dispositivos podrán emplearse dentro de las actividades escolares cuando el docente lo determine con fines educativos, mientras que en los demás periodos deberán permanecer fuera de uso.
Después de la aprobación del dictamen, el presidente fue cuestionado sobre los casos en los que un teléfono puede convertirse en una herramienta para pedir ayuda o documentar una situación de violencia dentro de una escuela, por lo que argumentó que esas circunstancias pueden quedar dentro de los supuestos de emergencia contemplados en la reforma.
“Todo esto está previsto. En caso de emergencias, en caso de alguna situación que pudiera darse en la cual el niño esté en alguna situación de peligro o que tenga algún problema de salud o algo, está previsto que puedan hacer uso de ellos”.
El diputado insistió en que la medida no implica retirar los celulares a las y los estudiantes ni impedir completamente su utilización.
“No se les está restringiendo el uso total… incluso cuando el maestro programe dentro de su clase el uso de estos utensilios, podrán hacerlo, no está prohibido”.
Al preguntarle específicamente por situaciones en las que estudiantes han utilizado sus teléfonos para grabar agresiones cometidas por docentes, compañeros u otras personas dentro de los planteles, Pérez López reconoció:
“Si hay una agresión, incluso no nada más de un profesor a un alumno, hay agresiones de alumnos a profesores y de alumnos a alumnos, y han sido grabados”.
No obstante, reiteró:
“No le estamos quitando el celular a los niños, les estamos prohibiendo su uso dentro del aula”.
El legislador justificó la reforma principalmente en las distracciones y los efectos que, dijo, puede generar el uso constante de los teléfonos durante el aprendizaje. Durante la reunión de comisión también se hizo referencia a estudios sobre desempeño escolar y al psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, cuyos planteamientos fueron incluidos en el dictamen como parte de la argumentación para restringir los dispositivos.
Pérez López sostuvo que la intención no es desplazar la tecnología de las escuelas, sino establecer límites sobre la manera en que se utiliza.
“No estamos en contra de que se utilicen todos los medios electrónicos, porque eso sería caer en el oscurantismo, y no vamos para allá, no debemos de ir para allá. La situación es que tenemos que tener mucha conciencia sobre cómo usarlos, cómo darles a los niños para que realmente los utilicen y aprendan, y no que sea un distractor como está siendo hasta ahorita”.
El dictamen también establece que corresponderá a las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes definir las medidas necesarias para aplicar la restricción.
En entrevista se le preguntó sobre la posibilidad de imponer sanciones a los planteles que incumplan con la medida, después de que previamente el gobernador planteara públicamente consecuencias para las escuelas que no respetaran la restricción, a lo cual aclaró que el dictamen aprobado por la Comisión de Educación no contempla sanciones ni el cierre de escuelas.
Añadió que cualquier otra determinación administrativa tendría que provenir del Ejecutivo:
“El señor gobernador tiene toda la posibilidad de, bajo acuerdos administrativos, realizar lo que él desea hacer en ese sentido. Pero no está contemplado ahorita en esta iniciativa que se aprobó”.
Ahora, el nuevo dictamen sustituye el esquema local que dejaba a las autoridades educativas determinar el uso complementario del celular por una restricción expresa de su uso personal y no pedagógico durante toda la jornada escolar, manteniendo excepciones para educación, salud, emergencias y ejercicio de derechos. A la vez mantiene un esquema prácticamente coincidente con el que la SEP estableció días antes para educación básica: restringir el uso personal de celulares durante toda la jornada escolar, pero conservarlos para actividades pedagógicas, emergencias, razones de salud y otros supuestos justificados.
De aprobarse también por el Pleno, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. A partir de entonces, las autoridades educativas tendrán hasta 180 días naturales para emitir o adecuar los lineamientos necesarios para aplicar la restricción, cuya implementación deberá respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
