María Ruiz
El Ayuntamiento de San Luis Potosí amplió el lunes 5 de octubre la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al incorporar otros proyectos de obra pública que permanecen detenidos por la Contraloría General del Estado, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
La actualización se realizó después de que el municipio informó a la Corte sobre la situación que guarda cada uno de los proyectos y detectó que todavía había obras pendientes de avanzar.
“Ampliamos, porque hay otras obras, otras de las primeras 14, que también están atoradas, que son 6 o 7”, señaló.
Galindo Ceballos confirmó que la ampliación fue presentada el lunes y aceptada por el máximo tribunal.
Entre los proyectos que el alcalde mencionó se encuentran intervenciones viales y de infraestructura que no habían sido expuestas anteriormente como parte del conflicto administrativo.
“Por ejemplo, tenemos que licitar 16 millones de repavimentación de la zona industrial. Tenemos una remodelación, actualización de Calzada de Guadalupe, el Sky Park del Rosedal, 10 millones de pesos de empavimentaciones para regenerar el camino del periférico a Peñasco y de Peñasco a Bocas. Esas son obras que no habíamos hablado”, detalló.
Además de estos proyectos, el presidente municipal señaló:
“Tenemos otras 10 obras que son para las obras más grandes, Fray José de Arlegui y algunas otras que están atoradas. Estas ni siquiera las habían oído ustedes, porque son parte del programa de obra que hoy sigue atorada”.
El alcalde también explicó que los procedimientos administrativos han tenido que reiniciarse cuando alguna etapa queda detenida, lo que ha prolongado los tiempos para llevar los proyectos a licitación y posteriormente a su ejecución.
“Hay obras que las hemos reiniciado a nivel trámite 3 veces”, afirmó.
Según Galindo, algunos expedientes han avanzado de manera parcial, pero todavía quedan etapas pendientes antes de que puedan comenzar los trabajos.
Sobre la participación de la Contraloría General del Estado en estos procedimientos, Galindo sostuvo que las revisiones deberían concentrarse en los aspectos administrativos de las licitaciones y no en las características técnicas de los proyectos.
“Porque además la Contraloría solo observa el trámite administrativo. No puede decir, es más alto, es más chico, es este material, es otro material. La Contraloría solo dice, las bases son buenas o son malas”, señaló.
El alcalde añadió que, de acuerdo con el procedimiento que ha seguido el Ayuntamiento, existen plazos establecidos para atender las observaciones y continuar con la liberación de los expedientes.
“Da cinco días para corregir y lo tiene cinco días para liberar, desde marzo”, afirmó.
Galindo Ceballos cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, algunos procedimientos continúen sin concluir y atribuyó esta situación a una obstrucción sistemática del programa municipal de obra.
“Entonces sí, hay un mecanismo sistemático de obstruir”, acusó.
