Abelardo Medellín
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de San Luis Potosí declaró como reservada por cinco años toda la información relacionada con la adquisición de los cuatro perros robot que fueron entregados a dicha dependencia en agosto pasado, por lo que no se podrán conocer los montos, contratos, empresas vinculadas ni condiciones de compra hasta 2031.
A inicios de agosto pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó oficialmente que la SSPC adquiriría un grupo de perros robot (K9-cibernéticos) y androides que se dedicarían a tareas de vigilancia de la Guardia Civil Estatal. Tales equipos fueron posteriormente presumidos por su administración en eventos como la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y la celebración del quinto informe de gobierno.
Tras las apariciones públicas de los equipos, Astrolabio Diario Digital solicitó vía transparencia la información relacionada con los procedimientos de adquisición, contratos, facturas, partidas presupuestales, fichas técnicas, empresas proveedoras, números de serie, pólizas o cualquier comprobante de pago relacionado con la compra específica de los perros robóticos.
En respuesta a las solicitudes con folios 241196226000113 y 242840526000074, presentadas para conocer dichos datos, la SSPC entregó un oficio de respuesta con folio SSP/UT/519/2026, un oficio de la Dirección Administrativa, fechado el 6 de octubre, con folio SSPC/DA/3448/2026, y el ACTA-067/SSPC/UT/2026, correspondiente a la celebración de la sexagésima séptima sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esta se realizó a las 12:00 horas del viernes 9 de octubre, el mismo día en que fueron entregados dichos documentos como respuesta.
En el oficio de la Dirección Administrativa, el área encabezada por Kathya Guadalupe González Martínez señala que la información solicitada no puede ser entregada, ya que, por sus características, debe ser declarada en “reserva total”. Aunque reconoce que la información aún no tenía esa categoría, sugiere a la Secretaría que proceda a reservarla.
En el oficio, la Dirección Administrativa confirma que su área tiene la información sobre la adquisición de los perros robot e indirectamente confirma que solo existen datos de cuatro equipos. Luego, declara:
“Esta área generadora ha tenido a bien determinar que su contenido se encuentra como una excepción para su otorgamiento, por lo cual es viable en poder ser catalogada como información RESERVADA EN SU TOTALIDAD, toda vez que la misma reúne los elementos necesarios para ser considerada como tal, ya que su difusión pudiese perturbar el orden público”.
Luego de sustentar su determinación en lo establecido en el artículo 93 Bis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, el área aclaró que los datos y la información que deben clasificarse son todos aquellos mencionados en las solicitudes presentadas por Astrolabio.
Asimismo, afirma que no deben darse a conocer debido a que:
“Al proporcionarse dicha información al público en general, pondría en las actividades que se realizan en materia de prevención del delito conducto de esta secretaría”.
El oficio también incluyó un apartado de temporalidad, en el que establece que la reserva debe durar cinco años a partir del día en que el Comité de Transparencia apruebe el acuerdo correspondiente. Además, incluyó una sección para el “número de identificación del acuerdo de reserva”, en la que únicamente se colocó el folio del propio oficio (SSPC/DA/3448/2026).
En el apartado de “daño presente”, el área afirmó que, de hacerse pública la información sobre la adquisición de los perros robot, los datos quedarían expuestos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con lo que todas las personas conocerían las características y funcionalidades de las unidades.
“Al entregarse dicha a la delincuencia el poder alguna vulnerabilidad que pudiesen tener los artefactos adquiridos, lo que permitiría mermar su capacidad de respuesta ante cada embate delincuencial de manera anticipada y a su vez realizar algún tipo de acto vandálico, toda vez que la difusión de lo solicitado permitiría crear o utilizar tecnología existente para el control del software que poseen tales robots, los cuales tiene como Objetivo primordial la conservación del Estado de Derecho y la prevención del delito”, añade.
Finalmente, el área afirma que, como acto “preventivo”, se resolvió reservar la información por cinco años para evitar “un suceso irreparable en el ámbito de la seguridad pública”.
Dentro del apartado de “daño probable”, el área vuelve a señalar que publicar información sobre las unidades K9-cibernéticas pondría en riesgo los artefactos, que sirven “de apoyo para la disminución de incidencia criminal en tiempo real”.
“La divulgación de la información requerida lesionaría un interés jurídicamente protegido, superado el interés público de conocerla únicamente por un grupo reducido de personas, que solo buscarían un beneficio propio con la obtención de dicha información, y no el bien común que se busca aplicar con la reserva en de la población en general”.
Pese a que no se solicitó información sobre los operativos a los que estarían asignados los equipos, en la sección de “daño específico”, la Dirección Administrativa vuelve a mencionar riesgos vinculados con la obtención de información por parte de grupos criminales y añade:
“Podrían conocer de manera específica las posibles vulnerabilidades que pudiesen tener los robots, lo que les permitiría el cambiar de estrategias o de modos operandi, o bien cambiar de zona de operatividad delincuencial al percibir que los mismos ya están siendo detectados y así con ello tratar de evitar su captura, razón por la cual es un acto primordial el seguir conservando secrecía todo acto encaminado a la prevención, disuasión y neutralización de todo acto delictivo”.
El oficio de la Dirección Administrativa concluye con una solicitud formal para que el Comité de Transparencia de la Secretaría declare la reserva oficial de la información. Incluso pide específicamente que esta se apruebe el viernes 9 de octubre, fecha en que vencía el plazo para entregar la información solicitada vía transparencia.
El Comité atendió dicha solicitud tal como se pidió y, de acuerdo con el contenido del ACTA-067/SSPC/UT/2026, al mediodía del viernes 9 de octubre, sus integrantes se reunieron con la única finalidad de declarar la reserva de la información.
Tras una exposición de motivos que replica fielmente el oficio del área administrativa, los tres integrantes del Comité votaron y aprobaron por unanimidad reservar por un lustro la información correspondiente a la adquisición de los perros robot.
“De conformidad a lo manifestado, los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por unanimidad de VOTOS, tienen a bien llevar a cabo la confirmación de la totalidad de la reserva de lo solicitada por la Titular de la Dirección Administrativa, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana procediendo para ello a emitir la Presente ACTA- 067/SSPC/UT/2026. Instruyendo para ello al Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre la determinación del acto celebrado, para que por su conducto proceda a comunicar tal determinación sobre la confirmación de la RESERVA TOTATAL (sic) de la información requerida”.
La respuesta a la solicitud de información tardó 14 días en emitirse, mientras que la reserva de la totalidad de la información sobre los perros robot tardó 25 minutos, según se desprende de la propia acta de la sesión del Comité.
Esta no es la primera reserva de información que el Gobierno estatal efectúa sobre obras y adquisiciones que presume públicamente.
Desde 2023, el Gobierno estatal encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha reservado información sobre la adquisición de patrullas de la SSPC, las obras de remodelación del Parque Tangamanga I, la operación de la MetroRed, contratos millonarios de secretarías con medios de comunicación, la contratación de artistas para la Fenapo e incluso procedimientos de contratación específicos, como los relacionados con la realización del concierto de Katy Perry.
