Fernanda Durán
La secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, presentó ante el Congreso del Estado un balance favorable de las finanzas públicas de San Luis Potosí, con mayores ingresos, reducción de la deuda de largo plazo y mejores calificaciones crediticias; sin embargo, durante la comparecencia también reconoció compromisos y controversias que siguen abiertos en Pensiones, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), un crédito fiscal por ISR de 2018 y los adeudos cruzados con Interapas.
García Vidal sostuvo que los ingresos totales del Estado pasarán de 49 mil 352 millones de pesos en 2021 a una estimación de 70 mil 459 millones al cierre de 2026, mientras que los ingresos propios crecerían de 4 mil 383 a 7 mil 826 millones de pesos.
La recaudación de impuestos, agregó, prácticamente se duplicó en el mismo periodo, al pasar de 2 mil 64 a 4 mil 213 millones de pesos. Para este año, Finanzas prevé superar en más de 766 millones de pesos la recaudación estatal originalmente estimada.
En contraste con ese crecimiento, la secretaria reconoció que persisten obligaciones que exigirán ajustes presupuestales antes de terminar el ejercicio.
Pensiones podría requerir 4 mil millones de pesos
Uno de los principales focos de presión es el sistema de Pensiones. A pregunta del diputado César Lara, García Vidal afirmó que la administración estatal no mantiene actualmente adeudos con la Dirección General de Pensiones, pero reconoció:
“Se inició con cerca de 5 mil trabajadores y este año tenemos cerca de 10 mil pensionados, jubilados”.
Explicó que para 2026 se autorizó un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos para fortalecer el sistema, aunque la presión financiera podría alcanzar los 4 mil millones.
La funcionaria aseguró que los pagos a jubilados están garantizados y que Finanzas realiza ajustes al presupuesto para allegar recursos adicionales.
Niega deuda con UASLP, pero reconoce 206 millones pendientes
Otro de los temas centrales fue la relación financiera con la UASLP. El diputado de Morena, Carlos Arreola, preguntó cuánto se debe a la Universidad y cuánto se le ha entregado. García Vidal sostuvo que el Gobierno estatal ha cubierto puntualmente los 320 millones de pesos autorizados por el Congreso para 2026 y también ha transferido aproximadamente 2 mil 300 millones correspondientes a recursos federales.
“Nosotros no tenemos ninguna deuda con la universidad”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que existe una diferencia de aproximadamente 206 millones de pesos derivada del anexo de ejecución firmado con la Federación y la Universidad, monto que aseguró será cubierto mediante ajustes presupuestales durante el último trimestre del año.
La postura mantiene una diferencia de interpretación con la propia UASLP. La Universidad informó en septiembre que funcionarios estatales habían reconocido un adeudo de 183 millones de pesos y señaló que esos recursos forman parte de los compromisos establecidos en el convenio de financiamiento. Por su parte, la propia Secretaría de Finanzas informó en marzo que el convenio 2026 contempla una aportación estatal total de 516 millones de pesos.
La controversia es similar a la ocurrida en 2025, cuando Finanzas sostuvo inicialmente que estaba al corriente con lo aprobado localmente, mientras permanecía pendiente una diferencia derivada del convenio federal, que terminó por cubrirse posteriormente.
Estado enfrenta crédito fiscal por mil 600 millones
La comparecencia también confirmó la existencia de un crédito fiscal notificado al Gobierno estatal por alrededor de mil 600 millones de pesos, relacionado con la omisión del pago de Impuesto Sobre la Renta durante 2018.
García Vidal aclaró que la resolución todavía no está firme y que la Procuraduría Fiscal analiza los medios legales para impugnarla y reducir el monto, que además puede acumular recargos y actualizaciones.
“En este momento no está surtiendo ejecutoria, por así decirlo, y no nos representa ninguna presión de gasto por el momento”.
Aunque actualmente no implica un desembolso inmediato, la funcionaria reconoció que el procedimiento continúa abierto.
Interapas: Estado reconoce 184 millones, pero reclama más de 900
La diputada panista Mireya Vancini Villanueva cuestionó a la secretaria sobre los adeudos del Gobierno estatal con Interapas. García Vidal reconoció registros pendientes por consumo de agua en dependencias e inmuebles estatales y señaló que la última conciliación realizada en 2025 arrojó alrededor de 184 millones de pesos.
No obstante, precisó que esa cifra todavía no es definitiva porque durante las revisiones se detectaron inconsistencias en algunos cobros.
A su vez, argumentó que Interapas mantiene una obligación mayor con el Gobierno estatal por servicios de saneamiento de aguas residuales que, según su explicación, son cubiertos por la Comisión Estatal del Agua (CEA).
“Se les dio a conocer que del saneamiento de aguas residuales la CEA eroga 12 millones de pesos mensuales y ese monto debería pagarlo el organismo”.
De acuerdo con el cálculo presentado por la secretaria, si esa compensación no se aplica desde 2020, el monto podría superar los 900 millones de pesos. Por ello, señaló que se requiere una conciliación entre ambas partes para determinar los saldos reales antes de establecer pagos.
Impuesto ambiental recauda 205 millones, pero recursos van a la hacienda general
Otro de los puntos relevantes fue el llamado impuesto ambiental o impuesto a la emisión de gases contaminantes. García Vidal informó que en 2025, primer año de aplicación, se recaudaron 110 millones de pesos y que entre enero y septiembre de 2026 se habían obtenido otros 95 millones, para un acumulado aproximado de 205 millones.
Al ser cuestionada sobre el destino de esos recursos, explicó que el dinero no se mantiene en un fondo exclusivamente ambiental, sino que se incorpora a la hacienda pública estatal.
Durante la comparecencia no presentó un desglose de proyectos ambientales financiados específicamente con esos recursos ni identificó obras relacionadas directamente con mitigación de emisiones o reparación ambiental.
Deuda de largo plazo baja, pero permanece crédito de corto plazo
García Vidal destacó que durante la actual administración no se ha contratado nueva deuda de largo plazo.
El saldo, dijo, pasó de 3 mil 609 millones de pesos al inicio del sexenio a alrededor de 2 mil 900 millones al 30 de septiembre de 2026, una disminución de 709 millones.
Además, existe un financiamiento de corto plazo por 266.7 millones de pesos, cuya liquidación está programada para diciembre.
La funcionaria destacó que PCR Verum elevó la calificación de largo plazo del Estado de AA-/M a AA/M, con perspectiva estable, que HR Ratings mejoró la perspectiva de estable a positiva y que Fitch Ratings ratificó la calificación A con perspectiva estable. Además, señaló que la Secretaría de Hacienda mantiene a San Luis Potosí en nivel de endeudamiento sostenible, con los tres indicadores del Sistema de Alertas en verde.
Federalización de telesecundarias sigue con pendientes operativos
La secretaria confirmó que la nómina de telesecundarias, estimada en alrededor de 2 mil 300 millones de pesos anuales, será cubierta de manera directa por la Federación, como ya se había anunciado tras la firma del convenio correspondiente.
No obstante, García Vidal reconoció que el proceso todavía no está completamente cerrado y que permanecen aspectos operativos por afinar con las autoridades federales.
La funcionaria recordó que, antes de este acuerdo, el Estado debía hacer gestiones e incluso recurrir a financiamientos para cubrir mensualmente esa nómina.
Más allá de los temas financieros, la comparecencia estuvo marcada por un tono mayoritariamente favorable hacia la secretaria. Varias intervenciones de diputadas y diputados comenzaron con felicitaciones, reconocimientos al trabajo de García Vidal o elogios a la administración estatal antes de formular preguntas.
Entre ellas, la diputada Leticia Vázquez Hernández señaló que “los resultados son palpables desde la ciudadanía” y aclaró que su intervención “no es adular”, mientras que otras participaciones destacaron el liderazgo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el manejo de las finanzas públicas.
Más ingresos, pero compromisos abiertos rumbo a 2027
La Secretaría de Finanzas proyectó un escenario favorable en recursos federales para 2027, con un incremento superior al 7 por ciento en participaciones y cerca de mil 500 millones de pesos adicionales para educación vía FONE.
Sin embargo, García Vidal reconoció que no todos los desafíos están resueltos.
“Sería equivocado afirmar que todos los desafíos financieros están resueltos. Persisten compromisos importantes que requieren atención, planeación y coordinación permanente”.
