Desiree Madrid
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, planteó tres iniciativas ante el Congreso del Estado durante su comparecencia: aumentar las penas por homicidios calificados contra policías en funciones, ampliar la atención especializada para personas con problemas de salud mental y establecer mecanismos legales para exigir a los ayuntamientos que fortalezcan sus corporaciones de seguridad.
La primera propuesta busca que los homicidios calificados contra agentes policiales reciban penas más altas cuando ocurran en el ejercicio de sus funciones. Juárez Hernández sostuvo que la sanción debe considerar la condición de los policías como víctimas de estos delitos mientras realizan su trabajo.
Como antecedente, recordó que cuando estuvo al frente de Prevención y Reinserción Social propuso que la posesión de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad se tipificara como delito. Según explicó, una disposición en ese sentido se incorporó posteriormente a la legislación general en materia de extorsión.
La segunda iniciativa plantea ampliar la capacidad de las instituciones especializadas para atender problemas relacionados con la salud mental, las adicciones, las conductas violentas y el control de impulsos. El secretario consideró que estas situaciones no deben abordarse únicamente desde la seguridad pública, sino también mediante servicios de atención social y de salud.
La tercera propuesta se dirige a las policías municipales. Juárez Hernández señaló que, de acuerdo con su análisis, algunas corporaciones locales no participan activamente en el combate a la incidencia delictiva y planteó que existan disposiciones legales para exigir a los alcaldes y directores de seguridad que fortalezcan sus policías.
El funcionario señaló que la falta de capacidad operativa de los municipios representa una dificultad para la atención de delitos, especialmente en localidades alejadas, donde los tiempos de traslado limitan la respuesta de las fuerzas estatales. Sostuvo que los ayuntamientos podrían atender parte de esas necesidades mediante sus propias corporaciones.
“Existen o deberán existir los suficientes soportes jurídicos para obligar a un presidente municipal y a un director de la policía municipal a fortalecer en todos los sentidos sus policías y se puedan sumar a este combate”, declaró.
Juárez Hernández dejó las tres propuestas a consideración de los diputados para su revisión. Durante su comparecencia no detalló plazos para su eventual presentación formal, ni precisó qué modificaciones legales serían necesarias para concretarlas.
