María Ruiz
Los establecimientos nocturnos de San Luis Potosí han reforzado sus medidas de seguridad con la contratación de alrededor de 300 personas adicionales y la incorporación de detectores de metales para impedir el ingreso de personas armadas, informó Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento.
Ante los cuestionamientos sobre la seguridad en bares y antros, el representante empresarial explicó que el sector ha incrementado la vigilancia desde hace aproximadamente 2 años, con personal certificado para atender posibles incidentes dentro de los establecimientos.
Pinto Madrid sostuvo que los negocios tienen la obligación de responder por la seguridad al interior de sus instalaciones, por lo que deben contar con personal que tenga el aval de las autoridades municipales y estatales. También explicó:
“No es voluntad de los establecimientos comerciales dejar pasar personas, dejar entrar a los establecimientos a personas armadas y obviamente pues para eso estamos implementando los filtros de seguridad con los elementos y con los detectores”.
Sin embargo, distinguió entre las responsabilidades de los negocios y los hechos de violencia que ocurren en las calles, particularmente cuando los clientes abandonan los centros nocturnos y se involucran en riñas o conflictos con otras personas.
El empresario señaló que, aunque los establecimientos pueden intervenir cuando una situación ocurre dentro de sus instalaciones, su capacidad de actuación es limitada en espacios públicos, donde corresponde a las corporaciones de seguridad atender los incidentes.
“La mayor parte de los conflictos se presentan en la vía pública, obviamente, porque el comensal se siente libre de hacerlo, es decir, no se siente supervisado ni vigilado”, expresó.
Añadió que intervenir en una pelea fuera de los negocios puede complicar la situación, pues el personal privado corre el riesgo de involucrarse directamente en el enfrentamiento en lugar de prevenirlo.
Sobre las medidas implementadas, Pinto Madrid insistió en que la vigilancia privada está enfocada en el interior de los establecimientos y que la prevención de hechos delictivos en las inmediaciones requiere la intervención de las autoridades de seguridad pública.
