Estela Ambriz Delgado
En relación con el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Economía para revocar la sentencia que dejó insubsistentes 44 títulos de concesión minera en el Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural Wirikuta, el Frente Amplio Opositor (FAO) a Minera San Xavier considera que existe una flagrante contradicción entre el discurso antineoliberal y de protección a los pueblos originarios del gobierno federal y sus acciones.
La organización señaló que existe una simulación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que se evidencia con la contradicción entre la retórica política que discursivamente se abandera como de izquierda, antineoliberal y protectora de los pueblos originarios y la operación real de sus instituciones.
Apuntaron que el equipo jurídico coordinado por Ricardo Vázquez Rosas despliega una defensa ultratecnócrata digna de las administraciones neoliberales, utilizando recursos del Estado para salvaguardar los intereses corporativos de las empresas mineras en el sitio sagrado de Wirikuta.
Asimismo destacan que el instrumento incurre en un reduccionismo del territorio y desprecio a la cosmovisión indígena, con lo que la dependencia exhibe una postura de profunda “ceguera intercultural”. Estiman que pretender que la actividad minera no afecta a las comunidades porque “solo toca el subsuelo” y no la superficie es de un reduccionismo jurídico alarmante.
“Para el pueblo wixárika, Wirikuta es una entidad viva y sagrada indivisible; la perforación del subsuelo destruye irreversiblemente el tejido místico y ecológico de su ruta ritual. El argumento de que los indígenas pueden seguir haciendo sus rituales ‘con plena libertad’ mientras abajo se dinamita el cerro es una burla administrativa a la paridad de derechos”.
El FAO indicó que el argumento de que las concesiones otorgadas en la década de los 80 y 90 no requerían consulta, porque el Convenio 169 de la OIT apenas entraba en vigor, es éticamente indefendible para un gobierno progresista.
“La Secretaría prefiere usar la rigidez de la línea del tiempo legal como escudo burocrático para convalidar el despojo histórico, en lugar de aplicar el principio pro-persona constitucional para proteger la subsistencia cultural de una de las comunidades más antiguas de México”.
En conclusión, el frente subraya que este recurso demuestra que en la Dirección General de Minas de la Secretaría, el pragmatismo económico extractivista pesa más que la ideología de izquierda y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
“Es una completa aberración, es el elefante burocrático que sigue ahí, los mismos que con toda la complicidad del mundo siguen permitiendo que Minera San Xavier siga sin remediar en el Cerro de San Pedro, y ahora pretenden regresivamente agredir al pueblo Wixárika”.
