Fernanda Durán
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó por unanimidad este lunes 26 de octubre el dictamen que presenta la terna enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Entre los aspirantes se encuentra Benjamín Pérez Álvarez, actual secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.
La propuesta del Ejecutivo estatal, recibida por el Congreso el pasado 15 de octubre, está integrada por Jesús Iván Meza Galeana, Javier Ortiz Patiño y Benjamín Pérez Álvarez, cuyos perfiles fueron incorporados al dictamen para que el Pleno determine quién ocupará el cargo que permanece vacante desde la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, presentada el 31 de marzo de este año.
De los tres perfiles enviados por el gobernador, destaca el de Pérez Álvarez, quien es licenciado en Derecho y comenzó su trayectoria en el servicio público como asesor jurídico del Ayuntamiento de San Luis Potosí entre 2004 y 2006. Posteriormente ejerció como abogado litigante en asuntos penales, familiares y civiles.
Entre 2010 y 2015 desempeñó distintos cargos en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, primero como director jurídico adscrito a la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, después como coordinador administrativo de esa misma área y finalmente como oficial mayor.
También fue subdirector de Licitaciones de Obra Pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre octubre de 2015 y enero de 2018, así como director general de Desarrollo Social de la capital potosina durante parte de 2018.
Posteriormente regresó al Ayuntamiento de Soledad, donde ocupó la Dirección de Infraestructura entre marzo de 2019 y marzo de 2022. Desde ese último año a marzo de 2024 se desempeñó como director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), antes de incorporarse a la administración municipal en su actual responsabilidad.
Otro de los aspirantes es Jesús Iván Meza Galeana, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien, de acuerdo con la documentación presentada al Congreso, cuenta con experiencia en litigio, procuración de justicia, administración municipal y transparencia.
Entre 2017 y 2021 trabajó en la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde participó en la integración de expedientes de obra pública, procedimientos de adjudicación, atención de auditorías y cumplimiento de obligaciones de transparencia.
En su currículum también refiere que desde septiembre de 2021 se desempeña como titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), con responsabilidades relacionadas con solicitudes de información, recursos de revisión y obligaciones institucionales en la materia.
El tercer integrante de la terna, Javier Ortiz Patiño, es licenciado en Derecho por la Universidad Tangamanga y se desempeñó como subdirector de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Seduvop entre junio de 2022 y septiembre de 2024.
Previamente trabajó como auxiliar jurídico en distintos despachos particulares, además de colaborar en la Notaría Pública número 21 y desempeñarse como escribiente en el Tribunal Electoral del Estado durante 2015.
La elección se realizará para cubrir el periodo que dejó inconcluso Felipe Aurelio Torres Zúñiga, quien fue designado fiscal anticorrupción el 6 de mayo de 2021, para ejercer el cargo hasta el 5 de mayo de 2028.
Sin embargo, Torres Zúñiga presentó su renuncia anticipada con efectos a partir del 31 de marzo de 2026, cuando todavía le restaban poco más de dos años de gestión.
El dictamen aprobado este lunes establece que la persona seleccionada asumirá funciones a partir de su elección y permanecerá en el cargo únicamente hasta el 5 de mayo de 2028, sin que se abra un nuevo periodo completo de siete años.
Conforme al procedimiento previsto en la Constitución local, la designación corresponde al Congreso y requiere el voto favorable de cuando menos las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes en la sesión correspondiente.
