Fernanda Durán
El diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, cuestionó la decisión de la Secretaría de Economía del Gobierno federal de impugnar la sentencia que ordenó dejar sin efecto 44 concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, al considerar desproporcionada la actuación de la dependencia y contraria a los avances alcanzados en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Pese a pertenecer al mismo partido que encabeza el Gobierno federal, el legislador rechazó que desde una de sus propias dependencias se busque revertir una resolución judicial favorable al pueblo wixárika, por lo que anunció que buscará establecer comunicación con la Secretaría de Economía para conocer las razones de la impugnación y tomar medidas al respecto.
“No podemos dar marcha atrás a los derechos conquistados por nuestros pueblos originarios y no podemos dar marcha atrás a ningún tipo de victoria consumada. A mí me parece que estos son asuntos que se han ganado a base de mucho esfuerzo, son comunidades que no tienen los recursos y me parece totalmente desproporcionado que la Secretaría de Economía tenga estas actitudes”.
Arreola Mallol sostuvo que la explotación de los recursos naturales no puede colocarse por encima de la protección ambiental ni de los derechos de las comunidades indígenas, particularmente cuando estas han sostenido durante años procesos de defensa de sus territorios.
La dependencia federal interpuso el 28 de septiembre un recurso de revisión contra la sentencia del 11 de marzo, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí dentro del amparo 819/2011, que ordenó dejar insubsistentes 44 concesiones mineras en Wirikuta y realizar una consulta previa, libre e informada al pueblo wixárika antes de cualquier eventual nuevo otorgamiento.
En su impugnación, la Secretaría argumentó que no se acreditó suficientemente la afectación al territorio ancestral ni su vínculo cultural y espiritual con las áreas concesionadas. También sostuvo que la minería es una actividad prioritaria para el Estado y que los títulos no afectan directamente los derechos sobre la superficie de los terrenos.
Arreola Mallol consideró contradictorio que la misma administración federal que ha acompañado la defensa territorial de los pueblos indígenas ahora busque revertir una resolución favorable a la comunidad. Recordó que la Procuraduría Agraria y la Guardia Nacional han participado en acciones para recuperar el acceso a lugares sagrados, incluido el retiro de cercas que restringían el paso.
“Hay una política completamente diferente. Hoy hay una Procuraduría Agraria cercana al pueblo, hoy hay unas instituciones que sí están del lado de nuestras comunidades indígenas y hay nuevos reconocimientos a sus derechos”.
Aunque reconoció que apenas había tenido conocimiento de la impugnación, adelantó que revisará sus alcances y buscará acercamientos con la Secretaría de Economía para esclarecer los motivos de su actuación.
Finalmente, reiteró que su postura y la de Morena será de respaldo a la comunidad indígena frente al intento de revocar la protección judicial.
“Vamos a tomar cartas en el asunto y todo nuestro respaldo desde Morena a la comunidad wirra”.
Por su parte, el diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, acusó una falta de congruencia entre el discurso del Gobierno federal sobre la protección de los pueblos indígenas y sus decisiones institucionales, particularmente en materia de consulta.
“Podemos ver cómo existe una doble línea discursiva, ¿no? Por un lado, si están buscando cuidar a los pueblos originarios en todo el país, ha habido mucha defensa, pero solo de los dientes para afuera, porque ha habido muchas reformas en este caso que se han hecho sin las debidas consultas que se tienen que hacer a los indígenas”.
También expresó preocupación por la resolución que pudiera emitirse sobre el recurso:
“Con los jueces del bienestar, habría que ver qué resolución pueden determinar porque muchos no son de carrera y muchos no tienen conocimiento de realmente el problema… para llevar a cabo un procedimiento jurisdiccional”.
Respecto a una posible intervención del Congreso del Estado, Guajardo Barrera señaló que podría promoverse un exhorto dirigido al Gobierno federal para solicitar que se respeten los derechos de las comunidades indígenas, aunque su aprobación dependería del procedimiento legislativo.
“Son las herramientas legislativas que nos da a nosotros para poder determinar que se cuide este asunto con el debido derecho y que se cuide a nuestros pueblos originarios aquí, no solamente en San Luis Potosí, sino en todo México”.
La controversia permanece abierta, pues el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta también anunció una impugnación contra la sentencia original, al considerar insuficiente la protección concedida porque dejó fuera otras 23 concesiones mineras.
