Fernanda Durán
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) se sumó al posicionamiento emitido por la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), integrada por los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en defensa de su autonomía, legalidad y funcionamiento institucional.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de revisión nacional sobre contrataciones realizadas por organismos electorales, después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y de investigaciones periodísticas que han señalado vínculos entre empresas proveedoras y personas cercanas a su gestión.
A través de sus redes sociales, el Ceepac informó que se adhería al mensaje de la AIEEF y sostuvo que su función como organismo electoral local consiste en “defender y hacer valer la voluntad de la ciudadanía de nuestro estado, garantizando elecciones libres y en estricto apego a la ley”.
“Cerramos filas por el fortalecimiento de la democracia en México y en San Luis Potosí”, señaló el organismo.
El documento de la AIEEF, titulado “Autonomía, legalidad y coordinación para fortalecer la democracia”, sostiene que los 32 OPLE son instituciones autónomas y que su personal especializado permite atender las particularidades de cada entidad y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Los organismos también plantearon la necesidad de mantener la coordinación entre autoridades electorales locales y el INE, pero “con pleno respeto a nuestras atribuciones”.
Uno de los puntos centrales del documento es la defensa de la colegialidad como forma de tomar decisiones al interior de las instituciones electorales.
“El diálogo respetuoso, la deliberación informada, la pluralidad de opiniones y la construcción de acuerdos deben orientar nuestras decisiones, siempre con sustento jurídico y en beneficio del interés público”, establece.
La AIEEF también incluyó un compromiso expreso con la fiscalización y la revisión externa de los organismos:
“La autonomía conlleva responsabilidad. Por ello, reiteramos nuestra disposición a la rendición de cuentas, al escrutinio público y a la revisión de las autoridades competentes”.
Ceepac, entre los organismos que contrataron empresas bajo revisión
El pronunciamiento se difundió después de que investigaciones periodísticas documentaran contratos otorgados por distintos OPLE a empresas vinculadas con el grupo empresarial relacionado con José Alfredo Hernández Casillas, señalado en publicaciones nacionales por su cercanía con el entorno de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
De acuerdo con una revisión de contratos publicada por El Universal, Cajas Graf y Litho Formas recibieron en conjunto 123 millones 143 mil 630 pesos de organismos electorales locales para material utilizado en elecciones judiciales de 2025.
Entre los estados señalados aparece San Luis Potosí. En el caso del Ceepac, la investigación refiere un contrato por aproximadamente 16 millones 899 mil 925 pesos con Litho Formas para suministrar material electoral para la jornada judicial local de 2025.
Litho Formas aparece además en el padrón de proveedores vigente del Ceepac para 2026, junto con Formas Finas y Materiales, otra empresa que ha sido mencionada dentro de las investigaciones nacionales sobre este grupo de proveedores.
Los antecedentes de contratación no se limitan a 2025. En el proceso electoral 2023-2024, documentación oficial del propio Ceepac registra adjudicaciones a Litho Formas por parte del servicio de impresión de documentación electoral, mientras que Corporativo ZEC recibió un contrato por 16.9 millones de pesos para producción de material electoral.
ASF revisará a los 32 organismos
El nuevo posicionamiento de los OPLE coincide además con la revisión anunciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que fueron enviados 32 oficios a los gobiernos estatales para conocer cómo se ministran las participaciones federales destinadas a los organismos electorales y revisar posteriormente el ejercicio de esos recursos. La ASF también solicitó información directamente a los 32 OPLE y anunció:
“Vamos a hacer un estudio pormenorizado desde el comportamiento del año 2000 a la fecha”.
De acuerdo con el auditor, una de las líneas de revisión será identificar posibles sobreprecios y analizar la posición de determinados grupos empresariales dentro de los procedimientos de contratación. También se revisarán eventuales conflictos de interés o tráfico de influencias entre proveedores y servidores públicos.
El contexto también está marcado por la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, quien anunció su salida el 25 de octubre y la formalizó posteriormente ante la Cámara de Diputados. En su mensaje sostuvo que tomó la decisión para “proteger al Instituto” y señaló que los hechos que deban investigarse deberán esclarecerse mediante transparencia, rigor y debido proceso.
Tras su salida, el Consejo General designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE, quien señaló que una de las prioridades será recuperar la colegialidad en las decisiones internas.
El posicionamiento de los organismos electorales ocurre además mientras la Cámara de Diputados analiza el presupuesto del INE para 2027. El proyecto de dictamen de la Comisión de Presupuesto plantea reducir en 5 mil millones de pesos la asignación propuesta para el Instituto, con lo que pasaría de alrededor de 42 mil 274 millones a 37 mil 275 millones de pesos.
La Comisión sostiene que la reducción no comprometería la organización de las elecciones de 2027, aunque el monto todavía deberá pasar por el proceso de aprobación legislativa.
En este contexto, la AIEEF cerró su posicionamiento con un llamado a “preservar y fortalecer a las instituciones electorales locales”, al considerar que su autonomía permite garantizar decisiones independientes y elecciones imparciales.
“Las 32 instituciones electorales locales reafirmamos nuestra unidad y disposición para trabajar con profesionalismo, coordinación y estricto apego a la ley”.
