Desiree Madrid
En San Luis Potosí se han realizado 398 procedimientos de aborto voluntario durante 2026, de acuerdo con cifras que la Secretaría de Salud estatal presentó en octubre. Aunque el procedimiento se ofrece en 23 unidades médicas, el acceso a este servicio no elimina las prácticas de criminalización que enfrentan las mujeres y personas gestantes durante la atención médica, un fenómeno que documenta el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En el análisis Cómo se vive la criminalización, la organización expone que esta no comienza ni termina necesariamente con una denuncia o una investigación penal. También puede presentarse dentro de los hospitales y otros espacios de atención mediante prejuicios, negligencia médica, interrogatorios, desinformación y obstáculos para recibir atención oportuna.
GIRE identifica dos dimensiones de este fenómeno: la criminalización simbólica y la penal. La primera incluye prácticas como imponer una versión de los hechos, mantener a las pacientes en incertidumbre sobre su estado de salud o distorsionar información clínica. La segunda se relaciona con la activación de procedimientos penales y las violaciones al debido proceso.
Entre las situaciones documentadas se encuentran la presunción de que determinados síntomas demuestran que una persona provocó un aborto, el retraso o la negativa de atención médica, la modificación de información sobre las semanas de gestación en los expedientes y la notificación de los casos a las autoridades ministeriales.
El documento también refiere prácticas como interrogatorios policiales, personas esposadas a camas de hospital, toma de declaraciones o fotografías sin consentimiento y falta de información sobre los derechos de las pacientes o de acceso a representación legal. Estas actuaciones pueden ocurrir mientras las personas buscan atención por una emergencia obstétrica o por una interrupción del embarazo.
La organización describe un proceso al que denomina “protocolo de criminalización”, que puede desarrollarse en los ámbitos médico, legal y social. En él identifica mecanismos como la “creación de culpa” y la “creación de defensa”, mediante los cuales las personas pueden terminar justificando sus decisiones o intentando demostrar que no cometieron una conducta delictiva.
GIRE advierte que estas prácticas generan barreras para acceder a servicios de salud oportunos, seguros y de calidad. El temor a enfrentar consecuencias legales o malos tratos institucionales puede provocar que las personas eviten acudir a los servicios públicos, incluso cuando requieren atención médica.
Entre las recomendaciones de la organización están la despenalización total del aborto, la capacitación del personal de salud y la vigilancia de las instituciones para evitar reportes, investigaciones o interrogatorios relacionados con la interrupción del embarazo cuando alguien solicita atención.
