Por Victoriano Martínez
Dos días después de la clausura de las obras de ampliación de una brecha en la zona del Santuario del Desierto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió un comunicado con el título “Profepa clausura obras en ANP Sierra de San Miguelito”, sin embargo, no señala que se haya aplicado por violaciones al Área Natural Protegida.
“Se detectó la pavimentación de un camino, obra que no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental”, señala la Profepa como si existieran autorizaciones para que en el ANP se pudieran realizar obras que forman parte del catálogo de acciones no permitidas, además de estar expresamente prohibidas en su Programa de Manejo.
El Programa de Manejo permite obras de mantenimiento en caminos y brechas como la que fue intervenida entre Escalerillas y el Santuario del Desierto, aunque con reglas estrictas de protección al ambiente.
Pero el caso es que las obras no corresponden a actividades de mantenimiento, sino a una ampliación que, según el comunicado de la Profepa, tenía un avance en “una longitud aproximada de 3.1 kilómetros y 7 metros de ancho”.
“Al momento de la visita se constató que 732 metros ya contaban con asfalto, mientras que el resto presentaba trabajos de nivelación y compactación del suelo, además de montículos de asfalto a un costado. No se observaron actividades de remoción de vegetación forestal ni maquinaria en operación”, indicó la dependencia.
Es evidente que la obra clausurada rompía con la limitación que el Programa de Manejo impone en el sentido de que las obras de “mantenimiento de los caminos existentes no implicará su ampliación”. La Regla 53 lo específica:
“Regla 53. El mantenimiento de caminos existentes se podrá llevar a cabo, siempre y cuando no implique la ampliación del camino o la modificación sustancial de las características y condiciones naturales del lugar, y se deberá:
“I. Evitar la desecación, el dragado o relleno de los cuerpos de agua temporales y permanentes, así como la obstaculización, el desvío, o la interrupción de los cauces y las corrientes de agua permanentes o intermitentes.
“II. Realizar con material propio de la región o bien otro material que se acredite que no genera un impacto mayor al actual manteniendo o restableciendo la permeabilidad y los flujos hidrológicos, así como los movimientos de fauna silvestre nativa.
“III. Emplear materiales que preserven o reestablezcan la permeabilidad del suelo y no alteren los flujos hidrológicos, así como utilizar aquellos que representen una mayor eficiencia y menor impacto ambiental”.
“Se impuso como medida de seguridad la clausura temporal total de las obras y actividades, debido a que no se presentó la autorización en materia de impacto ambiental para realizar los trabajos dentro de esta Área Natural Protegida”, mencionó la Profepa en su comunicado. Si se trata de obras y actividades no permitidas dentro del ANP, ¿por qué una clausura temporal?
A la tibieza de la Profepa se suma el simulado deslinde del Ayuntamiento, el que faltaba de los señalados. El alcalde Enrique Galindo aseguró que el gobierno municipal no cuenta con maquinaria propia para realizar ese tipo de trabajos y sostuvo que revisaría el origen de los equipos señalados para deslindar responsabilidades.
¿Y si en lugar de simular ese deslinde hubiera presentado los contratos con la empresa o empresas que participaron en Vialidades Potosinas 2.0 para saber cuál o cuáles son las propietarias de la maquinaria con calcomanías de su programa y así facilitar la identidad de la que destruyó una superficie aproximada de 2.17 hectáreas en la ANP, según Profepa?
¿Lo evitó por proteger a alguna empresa en particular, haya sito por su propio interés personal o acaso por un interés compartido con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reminiscente de aquellos tiempos en los que aún se comunicaba a diario con él para acordar qué hacer por San Luis?
