VIDEO | Entre reclamos y diferencias, víctimas exigen respuestas a Giovanna Argüelles antes de su comparecencia

Fernanda Durán

En medio de reclamos durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, víctimas reconocidas por las autoridades acudieron este martes 17 de noviembre a solicitar que la próxima comparecencia de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, incluya explicaciones sobre las denuncias penales, medidas de restricción y presuntas omisiones que atribuyen a la institución. La jornada también dejó al descubierto diferencias entre las propias manifestantes y el colectivo Vozes, que mantiene ocupadas las instalaciones del organismo desde octubre.

María de Jesús Almendárez Prieto, conocida como Marichuy, y Silvia Castillo, madre de Alán Francisco (víctima de homicidio en el año 2019), presentaron sus inconformidades ante el Poder Legislativo y exigieron que los diputados incorporen sus casos a los cuestionamientos que realizarán a Argüelles Moreno el próximo lunes 23 de noviembre.

Ambas mujeres, quienes han mantenido durante años distintas exigencias de justicia, aseguraron que actualmente enfrentan restricciones para acudir a las instalaciones de la CEDH, pese a que continúan necesitando atención por presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Su presencia se hizo notar en distintos momentos de la sesión plenaria, cuando levantaron la voz para llamar la atención de los legisladores sobre sus solicitudes y la situación que, afirman, enfrentan desde el propio organismo encargado de protegerlas.

Almendárez Prieto explicó que el pasado 11 de noviembre presentó un escrito dirigido al presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, Marco Antonio Gama Basarte, y a la diputada Leticia Vázquez Hernández, para solicitar que la comparecencia permita esclarecer tres asuntos relacionados con su caso.

El primero corresponde a una denuncia penal que, según afirmó, Argüelles Moreno presentó en su contra; el segundo, a las medidas de restricción que asegura le impiden acercarse al organismo; y el tercero, a la falta de actuación institucional frente a un incidente que atribuyó a la primera visitadora, Begoña Castillo Martínez.

La activista sostuvo que la denuncia penal fue presentada por discriminación y rechazó los señalamientos relacionados con un supuesto incidente en el que la presidenta de la CEDH habría resultado lesionada y aseguró que la acusación fue fabricada.

También cuestionó las medidas de restricción que asegura se dictaron en su contra y señaló que ha solicitado atención sin obtener una respuesta satisfactoria.

Respecto a la primera visitadora Begoña Castillo, denunció que le habría enviado una imagen revictimizante de una vagina mediante un mensaje, situación que consideró especialmente grave por sus antecedentes como víctima de abuso y acoso sexual.

“No se vale que hasta el 23 quieran hacer la comparecencia, cuando yo tengo dos años sin derechos humanos”.

La activista también expresó preocupación por las medidas de seguridad anunciadas para la comparecencia.

“Lo que no nos puede prohibir es escuchar, porque tenemos derecho a ser escuchadas y a escuchar la comparecencia”.

Además, afirmó que existen dos denuncias penales relacionadas con ella y Silvia Castillo, entre ellas una por presunta privación de la libertad. Señaló que desconoce información sobre uno de los procedimientos y negó haber cometido los hechos que se le atribuyen.

Por su parte, Silvia Castillo señaló que también acudió al Congreso para solicitar que durante la comparecencia se aborden las medidas de restricción que asegura enfrenta por una denuncia presentada por la primera visitadora Begoña Castillo Martínez.

La mujer sostuvo que estas medidas le impiden acercarse a las instalaciones del organismo, bajo la advertencia de una posible intervención de la Guardia Civil Estatal, pese a que continúa denunciando irregularidades relacionadas con la investigación del homicidio de su hijo.

Castillo aseguró que ha presentado numerosas solicitudes ante la CEDH sin recibir la atención que considera necesaria y que actualmente enfrenta dificultades para denunciar nuevas actuaciones de autoridades relacionadas con su caso.

Explicó que su inconformidad no se limita a la presidenta del organismo, sino que también comprende a la primera visitadora, a quien atribuyó un trato inadecuado y decisiones que, desde su perspectiva, obstaculizan su derecho a presentar quejas.

Se identificó como víctima reconocida tanto en el ámbito estatal como federal y señaló que las restricciones representan una afectación adicional a su búsqueda de justicia.

Diferencias con Vozes: Marichuy acusa que no le permiten ingresar

La jornada también evidenció una confrontación entre Marichuy y las integrantes del colectivo Vozes, que encabeza una de las protestas contra la gestión de Argüelles Moreno y mantiene ocupada la sede de la CEDH.

Almendárez Prieto señaló que, aunque coincide con la exigencia de destituir a la presidenta, no comparte algunas actuaciones de quienes participan en la ocupación del edificio y acusó que ahora también se le impide ingresar a las instalaciones.

“Ahora es un colectivo el que decide si entro a presentar una queja o no entro porque ellas ya decidieron que yo no voy a entrar”, afirmó.

De acuerdo con su versión, el desacuerdo comenzó cuando integrantes del colectivo le solicitaron documentación de una denuncia penal que ella decidió no compartir, por considerar que se trata de información de su expediente personal.

También aseguró que se le cuestionó por no haber participado en determinadas actividades de protesta y rechazó que su acceso a la defensa de derechos humanos dependa de pertenecer a una organización o participar en sus movilizaciones.

“Yo soy víctima y tengo un registro de víctima. Catalina no tiene registro de víctima. Natalia no tiene registro de víctima. Entonces, a mí no me representan ellas”, declaró.

Marichuy también cuestionó declaraciones atribuidas a la abogada Natalia Castillo Vera durante una transmisión en vivo, en la que, según relató, se afirmó que había recibido entre 100 mil y 150 mil pesos como resultado de una recomendación de la CEDH.

La activista negó haber recibido esa cantidad y explicó que las recomendaciones de derechos humanos no equivalen automáticamente a una compensación económica, pues la reparación integral requiere procedimientos y medidas adicionales.

Consideró que la difusión de esa información la expone a riesgos personales y familiares, por lo que solicitó retirar la transmisión y dejar de hacer afirmaciones sobre su situación económica.

Incluso señaló que buscaría la intervención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para plantear tanto las restricciones que asegura enfrentar en el organismo como sus diferencias con Vozes.

En paralelo a las manifestaciones, el diputado Marco Antonio Gama Basarte confirmó que la comparecencia de Giovanna Argüelles se realizará el próximo lunes 23 de noviembre en la sede legislativa de Vallejo, con un horario todavía pendiente de precisar.

Pese a las solicitudes de colectivos para adelantar la fecha, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que no se ha modificado el calendario previsto.

Respecto a la comunicación con las personas que mantienen ocupadas las instalaciones de la CEDH, explicó que no se ha desarrollado una nueva reunión y que actualmente se trabaja en responder un escrito presentado por los manifestantes.

El diputado identificó entre las principales exigencias la salida de la presidenta del organismo y la revisión de expedientes, particularmente aquellos relacionados con pueblos y comunidades indígenas que han denunciado dificultades para conocer el curso de sus quejas y recomendaciones.

Gama Basarte sostuvo que estos asuntos formarán parte del seguimiento que buscarán realizar los legisladores durante la comparecencia.

También confirmó que se tomarán medidas para procurar que el encuentro se desarrolle sin incidentes, ante la posibilidad de que organizaciones y víctimas acudan al recinto.