Estela Ambriz Delgado
El Consejo Hídrico Estatal (CHE) exige la clausura definitiva de las obras irregulares en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, la reparación integral de los daños ambientales, la restauración del territorio intervenido, así como la identificación y sanción de quienes resulten responsables de su planeación, financiamiento y ejecución, ante los posibles daños ambientales e hídricos en el sitio, mediante los procedimientos legales correspondientes.
El organismo manifestó, a través de un posicionamiento, su enérgico rechazo a las obras de apertura, ampliación y pavimentación de un camino, clausuradas temporalmente desde el pasado 10 de noviembre por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Puntualizan que la Sierra de San Miguelito no es un territorio disponible para la intervención discrecional de intereses particulares, económicos o políticos, sino un espacio estratégico para la conservación de la biodiversidad, la regulación hidrológica, la protección de los ecosistemas y la seguridad ambiental del Valle Metropolitano de San Luis Potosí.
“Su protección constituye una obligación jurídica, ambiental y social que no puede quedar subordinada a intereses particulares ni depender exclusivamente de la vigilancia y resistencia de las comunidades”.
El CHE considera preocupante que una intervención de la magnitud que se suscitó pudiera desarrollarse durante varias semanas dentro de un Área Natural Protegida (ANP) federal sin que los mecanismos institucionales de vigilancia y prevención impidieran oportunamente su ejecución.
En este sentido, apuntan a que nuevamente son las comunidades y los núcleos agrarios los que desempeñan un papel fundamental en la detección y denuncia de las actividades, con lo que evidencian las deficiencias de un modelo de protección ambiental predominantemente reactivo, en el que las autoridades intervienen hasta que las afectaciones ya se han producido, en lugar de garantizar su prevención.
Asimismo, afirman que un ANP no puede serlo únicamente en el papel, pues su protección debe expresarse en acciones efectivas, vigilancia permanente y consecuencias concretas para quienes vulneran sus disposiciones.
Repercusiones ambientales e hidrológicas
Por otra parte, el consejo indicó que, desde la perspectiva de la gestión integral del agua, las afectaciones potenciales de estas obras no pueden evaluarse exclusivamente por la superficie directamente ocupada.
“La apertura, compactación y pavimentación de caminos en las laderas de la Sierra de San Miguelito puede reducir la infiltración superficial, modificar el drenaje natural, incrementar la velocidad y concentración de los escurrimientos pluviales y contribuir al aumento de los riesgos de inundación aguas abajo”.
De igual forma, se señaló que diversas investigaciones científicas han documentado cómo la expansión urbana, la impermeabilización del suelo y la ocupación de áreas de escurrimiento natural han incrementado la vulnerabilidad del Valle de San Luis ante las inundaciones.
“La magnitud específica de las alteraciones hidrológicas ocasionadas por esta intervención requiere una evaluación técnica que considere las características del terreno, las microcuencas involucradas y sus posibles efectos acumulativos”.
Asimismo, se argumentó que la importancia hidrológica de la sierra no debe reducirse exclusivamente a su posible contribución a la recarga directa del acuífero profundo, cuya magnitud y mecanismos presentan particularidades geológicas e incertidumbres científicas.
Sus funciones de captación de precipitaciones, regulación de escurrimientos, conservación de suelos y protección de cauces son fundamentales para el equilibrio ambiental y la seguridad hídrica regional.
Se requiere una investigación a fondo
En el posicionamiento se señala que las obras también pueden ocasionar fragmentación de hábitats, degradación de ecosistemas y facilitar posteriores actividades extractivas, inmobiliarias o de ocupación territorial, por lo que resulta indispensable investigar si esta intervención responde a una necesidad de acceso preexistente o si se vincula con proyectos de transformación del territorio.
“La transformación del territorio aguas arriba puede generar consecuencias ambientales, sociales y económicas aguas abajo, cuyos costos terminan siendo asumidos por la población. Ante estos riesgos y las incertidumbres existentes, deben prevalecer los principios de prevención y precaución ambiental”.
Asimismo, se estima que una clausura temporal no es suficiente para garantizar la protección del territorio, por lo que exigen que las autoridades competentes concluyan los procedimientos correspondientes y, una vez acreditadas las infracciones y responsabilidades, impongan las sanciones y medidas de reparación que legalmente procedan.
Además, se debe verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables del decreto y del Programa de Manejo del APFF Sierra de San Miguelito a fin de determinar la compatibilidad de la intervención con los objetivos de conservación y las restricciones establecidas para la subzona afectada.
“No basta con detener la maquinaria. Es necesario impedir que una intervención irregular genere beneficios territoriales permanentes para quienes la promovieron. De lo contrario, se corre el riesgo de reproducir prácticas de simulación institucional, mediante medidas temporales que aparentan atender el problema sin resolver sus causas ni revertir sus consecuencias. La protección ambiental pierde efectividad cuando infringir las disposiciones legales resulta más conveniente que cumplirlas”.
El CHE puntualiza que resulta indispensable determinar si existieron intereses económicos, inmobiliarios o políticos relacionados con la intervención, así como posibles actos u omisiones de servidores públicos que hubieran facilitado, tolerado o dejado de atender oportunamente las actividades denunciadas.
Aunado a ello, piden identificar a quienes ordenaron, financiaron y ejecutaron los trabajos; esclarecer su finalidad, el origen de los recursos y la procedencia de la maquinaria utilizada; e investigar cualquier posible participación u omisión de servidores públicos.
Por ello, piden también que la Fiscalía General de la República investigue la posible comisión de delitos ambientales y determine las responsabilidades correspondientes.
De igual forma, solicitan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) verifiquen las restricciones y actividades permitidas en la subzona intervenida, transparenten las autorizaciones y actuaciones administrativas relacionadas con el caso, y garanticen el cumplimiento de los instrumentos de protección ambiental.
Además, reclaman que las autoridades ambientales federales, estatales y municipales, dentro de sus respectivas competencias, fortalezcan los mecanismos de vigilancia, prevención y detección temprana de intervenciones irregulares dentro del APFF, y garanticen tanto el respeto a los derechos de los núcleos agrarios involucrados como la seguridad de las comunidades y personas que participan en la defensa del territorio.
“Los acontecimientos recientes evidencian una contradicción persistente: mientras las instituciones reconocen formalmente la importancia ecológica e hidrológica de determinados territorios, continúan presentándose intervenciones y omisiones que permiten su deterioro. Esta contradicción resulta particularmente grave cuando los intereses económicos y políticos encuentran mayores facilidades para transformar el territorio que las comunidades para protegerlo”.





