Gobierno del Estado, un riesgo más para la Sierra de San Miguelito

Por Victoriano Martínez

Es muy probable que José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, requiera tener a la mano un diccionario para evitar incurrir en expresiones que, antes que exhibir su desatención a situaciones graves y minimizarlas, muestre una valoración más precisa de los temas que trata de hacer pasar como irrelevantes.

Resultó muy desafortunada su calificación como “tema especulativo” para el caso de la violación al Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito con la construcción de una carretera, atribuida a la empresa Jaguar Ingenieros Constructores.

Lo especulativo, según la Real Academia Española (RAE) es aquello “que procede de la mera especulación o discurso, sin haberse reducido a práctica”.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente certificó y documentó los daños sobre una superficie aproximada de 2.17 hectáreas en una inspección realizada el pasado 10 de noviembre en las cercanías del Santuario del Desierto por las que clausuró esa obra dentro del ANP, entre los ejidos de Escalerillas y Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz.

“El camino intervenido tiene una longitud aproximada de 3.1 kilómetros y 7 metros de ancho. Al momento de la visita se constató que 732 metros ya contaban con asfalto, mientras que el resto presentaba trabajos de nivelación y compactación del suelo, además de montículos de asfalto a un costado”, así describió la PROFEPA parte de lo practicado dentro de la ANP.

El comunicado de la PROFEPA no es una mera especulación o discurso, sino que describe acciones prácticas que eliminan toda posibilidad de que el atentado contra el ANP Sierra de San Miguelito sea un tema especulativo.

Tampoco puede considerarse especulativo el hecho de que tal incursión incurre en una violación al decreto y al Programa de Manejo del ANP en donde se encuentra prohibida cualquier actividad como la que fue clausurada por la PROFEPA, específicamente en la regla 53.

Una valoración de los hechos por parte del secretario general de Gobierno que exhibe la poca importancia que le dan a la protección ambiental, en este caso al minimizar que se atente contra un Área Natural Protegida, máxime cuando –al menos públicamente– se firmó un convenio con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para protegerla.

A pesar de ese descuido ante un atentado contra el ANP, Torres Sánchez asegura que el Gobierno del Estado se ha mantenido en apego al decreto del APFF de la Sierra de San Miguelito desde 2021, y que así se continuará.

“Vamos a seguirlo manteniendo, vamos a seguir preservando los recursos naturales”, dijo. Preservar: Proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo, de algún daño o peligro. Otra vez la RAE.

Lo que más bien parece buscar preservar Torres Sánchez con su afirmación es la posibilidad de que los depredadores ecologistas puedan volver a incursionar en contra de la Sierra de San Miguelito porque con posterioridad pretende convertir hechos concretos en un tema especulativo.

Lo que más ha acreditado el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona desde que se decretó la ANP Sierra de San Miguelito el 13 de diciembre de 2021 son actos en contra de la integridad del área protegida y no puede ser más que en esa misma línea en la que se inscriban las declaraciones de Torres Sánchez.

Y es que esa postura muestra que antes que anticiparse para resguardar a la Sierra de San Miguelito de un daño o peligro como el ocurrido con la carretera en el Santuario del Desierto y sumarse a la exigencia de reparación de daños y sanciones, parece tratar de darle la vuelta a la página para pasar a otro capítulo de intento de depredación.