Juzgado ordena clausura del tiradero El Zapote ante violación a suspensión definitiva

Estela Ambriz Delgado

El Juzgado Sexto de Distrito declaró fundado un incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva en el amparo 474/2026, que ordenaba la clausura del tiradero de basura El Zapote, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por lo que el ayuntamiento, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Servicios Primarios y Reciclados del Potosí y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberán acatar diversas acciones.

Ante la violación de la suspensión definitiva otorgada el pasado 22 de junio, con la continuidad de las operaciones del basurero, habitantes de la colonia Puerta Real presentaron el escrito de dicho incidente por defecto en el cumplimiento, en el que informan de las actividades en el sitio, no obstante la orden de realizar acciones necesarias y medidas inmediatas a fin de evitar cualquier daño a la salud o prevenir dicho daño al entorno ambiental.

En la resolución emitida por la jueza Aracely del Rocío Hernández Castillo el pasado 13 de noviembre, se detalla que para sustentar la denuncia se exhibieron, entre otros elementos, fotografías aéreas tomadas los días 27 y 28 de junio del presente año, en las cuales se aprecian vehículos recolectores descargando residuos, residuos acumulados a cielo abierto y actividad en el frente de disposición.

En cuanto a las acciones reportadas por Profepa, se indica que el 20 de febrero de 2026 se impuso clausura total temporal, y que posteriormente se verificó el 23 y 24 de marzo y se advirtió que continuaba recibiendo residuos. En consecuencia, el 31 de julio se demostraron 19 infracciones y se impuso una sanción económica de 8 millones 153 mil 045 pesos, además de que el 17 de agosto se hizo una verificación sobre el estado de los sellos y se colocó uno adicional.

Sin embargo, al encontrar que se continúan violentando los derechos humanos de los ciudadanos, la jueza requiere a las responsables para que, dentro del plazo de 48 horas contado a partir de la notificación de esta resolución, informen el cumplimiento dado a la suspensión definitiva, remitiendo copia certificada de las constancias que acrediten su dicho.

Al respecto, se detalla que, dentro de sus respectivas atribuciones, deberán impedir que en el sitio de disposición final “El Zapote” se reciban, descarguen o dispongan nuevos residuos sólidos urbanos, mientras no se acredite ante el juzgado que cuenta con autorización de impacto ambiental vigente para la totalidad del sitio.

Se especifica que los trabajos estrictamente necesarios para la remediación, estabilización, compactación de residuos ya existentes, cobertura, control de lixiviados, biogás, clausura o posclausura no deberán considerarse nuevas operaciones de disposición, siempre que estén técnicamente justificados y no impliquen ingreso de residuos nuevos.

Por su parte, el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez deberá realizar las acciones administrativas, materiales y presupuestales necesarias para habilitar y utilizar el sitio alternativo al que se ha hecho referencia en las constancias del incidente, siempre que la autoridad ambiental competente determine que reúne las condiciones mínimas de seguridad y viabilidad para recibir residuos.

La circunstancia de que su superficie sea aproximadamente de tres hectáreas y que no resulte suficiente como solución definitiva no exime de utilizarlo hasta el límite de su capacidad técnica segura, si resulta ambiental y jurídicamente apto.

En caso de que dicho sitio no pueda recibir la totalidad de los residuos generados, el municipio deberá, simultáneamente, celebrar los convenios, contratos o actos jurídicos necesarios para trasladar el excedente a otro u otros sitios debidamente autorizados.

Por tanto, se determina que dentro de las primeras 24 horas debía informar la ubicación y condiciones del sitio alterno, capacidad diaria disponible, medidas necesarias para su habilitación inmediata, fecha de inicio de recepción, volumen que podrá recibir y mecanismo complementario para la fracción de residuos que exceda su capacidad.

De igual forma, la Segam, junto con el ayuntamiento, la empresa Servicios Primarios y Reciclados del Potosí SRL de CV y las demás autoridades vinculadas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán elaborar y presentar al juzgado un Programa Calendarizado de Retiro Progresivo, Remediación, Estabilización, Clausura y Abandono de El Zapote.

Se especifica que deberá contener cuando menos: división del sitio por sectores; identificación del área colindante o más próxima a los domicilios de los quejosos y al fraccionamiento Puerta Real; estimación del volumen de residuos existente en cada sector; determinación de los residuos cuya extracción y traslado sea técnica y ambientalmente viable; sitio autorizado de destino de los residuos retirados; así como trabajos de estabilización, compactación o cobertura de los residuos que técnicamente no resulte conveniente remover; acciones de control y manejo de lixiviados; control y monitoreo de biogás; control de fauna nociva, residuos dispersos, polvo y olores; protección y monitoreo de suelo y aguas subterráneas; responsable técnico; calendario de ejecución por etapas; y mecanismo de supervisión y documentación del avance.

El programa deberá prever el retiro gradual y progresivo de los residuos cuya movilización resulte técnicamente procedente, evitando que la remediación se limite exclusivamente a cubrir la superficie sin analizar la viabilidad de reducir materialmente la masa de residuos acumulada.

Asimismo, la Segam deberá acreditar el cumplimiento del efecto consistente en el monitoreo del acuífero por un laboratorio acreditado. Dentro de las 24 horas deberá informar las gestiones iniciadas y, a la brevedad técnicamente indispensable, identificar: laboratorio responsable, acreditación correspondiente, puntos de muestreo, parámetros a analizar, fecha de toma de muestras y fecha de entrega de resultados.

A Profepa se le ordena mantener las medidas de clausura total definitiva que informó haber impuesto y, dentro del ámbito de su competencia, verificar que los sellos o medidas de seguridad permanezcan íntegros. Se les apercibe que, de no hacerlo, se procederá conforme a dicho numeral 209, incluida la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que corresponda.

El documento detalla que la exigencia no significa que todas las labores materiales de remediación deban concluir dentro de ese lapso, pues por su naturaleza requieren ejecución progresiva; significa que dentro de ese término deberán cesar las conductas inmediatamente evitables, adoptarse las primeras medidas materiales, definirse los responsables y quedar formal y materialmente en marcha el cumplimiento.

Exigencias del cumplimiento integral

Entre los argumentos de la resolución se señala que no puede admitirse que la necesidad de prestar ese servicio justifique continuar depositando residuos en un sitio cuya operación fue condicionada expresamente por una medida cautelar.

Indica que, como se hizo referencia en autos, existe un predio alternativo con una superficie aproximada de tres hectáreas, que si bien su capacidad sería inferior a la necesaria para resolver de forma permanente la totalidad de la disposición municipal, el ayuntamiento puede complementarlo con uno o más sitios adicionales aptos.

Se subraya que no resulta jurídicamente admisible utilizar la insuficiencia de capacidad del predio alternativo como razón para mantener indefinidamente la disposición en El Zapote. Por tanto, el cumplimiento integral exige atender también la masa de residuos actualmente acumulada.

Al respecto, se explica que no significa ordenar, sin sustento técnico, que toda la basura sea excavada y retirada de manera inmediata, pues el retiro indiscriminado podría provocar dispersión de residuos, liberación de gases, lixiviados, inestabilidad de taludes o riesgos ambientales adicionales.

Por ello, procede ordenar un Programa Calendarizado de Retiro, Remediación, Estabilización y Abandono, bajo supervisión de las autoridades ambientales competentes, que determine qué residuos deben efectivamente trasladarse y cuáles requieren confinamiento, estabilización, compactación o cobertura en el propio sitio.

Además, se especifica que las acciones materiales deberán comenzar, como regla general, en el sector que tenga mayor proximidad e incidencia respecto de los domicilios de los denunciantes y el fraccionamiento Puerta Real. Ello, dado que se concede la restitución de un derecho violado y su cumplimiento debe realizarse de inmediato.