SCJN tumba recorte de precampañas aprobado por el Congreso de SLP

Fernanda Durán

Con el proceso electoral 2026-2027 ya iniciado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reducción de los periodos de precampaña y de obtención de firmas para candidaturas independientes aprobada por el Congreso de San Luis Potosí. La resolución obliga a recuperar los plazos anteriores a la reforma, una vez que sus efectos sean notificados formalmente al Poder Legislativo.

El Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 113/2026, promovida por Morena contra el Decreto 0586, publicado el 12 de agosto de este año, mediante el cual se modificó la Ley Electoral del Estado para establecer un periodo uniforme de 20 días tanto para las precampañas de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos como para la recolección de apoyo ciudadano de quienes buscan competir sin partido político.

La sentencia se aprobó con votaciones diferenciadas: seis votos respaldaron la invalidez de los nuevos plazos de precampaña, mientras que siete ministros se pronunciaron contra la reducción del tiempo para reunir firmas de candidaturas independientes.

El proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, consideró que el Congreso estatal excedió los límites de su libertad de configuración legislativa al establecer condiciones que no atendían las diferencias entre los cargos de elección popular y dificultaban el ejercicio del derecho a ser votado.

La primera modificación invalidada corresponde a las fracciones I y II del artículo 319 de la Ley Electoral, que redujeron de 40 a 20 días las precampañas para la gubernatura y de 25 a 20 días las correspondientes a diputaciones locales y ayuntamientos.

La discusión no se centró únicamente en la disminución del tiempo, sino en la decisión de establecer una duración idéntica para procesos internos de selección de candidaturas con características territoriales y organizativas distintas.

La mayoría del Pleno consideró que, aunque la Constitución federal permite a los congresos estatales determinar la duración de las precampañas dentro de ciertos límites, esa facultad debe ejercerse con criterios de razonabilidad.

Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron contra esta parte de la propuesta. Ambas sostuvieron que la Constitución no obliga expresamente a establecer plazos diferenciados y que las legislaturas locales tienen facultades para definir su duración.

Ortiz Ahlf argumentó que las precampañas corresponden a procedimientos internos de los partidos políticos y que su extensión no necesariamente debe depender del territorio que abarca cada cargo. También señaló que la reducción podía responder a objetivos de eficiencia y racionalización de recursos. Sin embargo, la mayoría respaldó la invalidez de las disposiciones.

El segundo apartado de la sentencia se refiere al artículo 209 de la Ley Electoral, que también había reducido a 20 días el periodo para reunir el respaldo ciudadano necesario para obtener una candidatura independiente.

Antes de la reforma, quienes aspiraban a competir por la gubernatura disponían de 40 días para conseguir las firmas requeridas, mientras que las personas interesadas en diputaciones o ayuntamientos contaban con 25 días.

El Congreso disminuyó esos periodos sin modificar el porcentaje de apoyo ciudadano exigido, equivalente al 2 por ciento de la lista nominal correspondiente a la elección.

Durante la sesión, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García explicó que, considerando una lista nominal estatal aproximada de 2.3 millones de personas, una candidatura independiente a la gubernatura necesitaría reunir alrededor de 46 mil firmas.

Con el plazo de 20 días, esto representaba conseguir aproximadamente 2 mil 300 apoyos diarios, frente a los mil 150 que se requerían cuando el periodo era de 40 días.

La ministra Loretta Ortiz, quien se opuso a invalidar los plazos de precampaña, sí respaldó la eliminación de esta restricción. Explicó que las candidaturas independientes enfrentan condiciones distintas a las de los partidos, pues deben reunir un porcentaje determinado de firmas sin disponer de una estructura territorial, organizativa y financiera equivalente.

También recordó las dificultades históricas de esta vía de participación en San Luis Potosí: en 2021 únicamente se registró una candidatura independiente a la gubernatura; en 2015, ninguno de los cinco aspirantes a diputaciones logró obtener el registro, y en 2024 solamente se registraron cuatro planillas municipales independientes.

Esta parte del proyecto obtuvo siete votos a favor de la invalidez y únicamente el voto en contra de Yasmín Esquivel Mossa, quien consideró que el Congreso podía establecer un plazo de 20 días en ejercicio de sus facultades legislativas.

Como consecuencia de la resolución, la Corte determinó que vuelvan a aplicarse las disposiciones vigentes antes de la publicación del Decreto 0586.

De esta manera, las precampañas para la gubernatura recuperarán una duración de 40 días, mientras que las correspondientes a diputaciones y ayuntamientos volverán a ser de 25 días.

Los mismos periodos se restablecerán para la obtención del respaldo ciudadano de las candidaturas independientes, sin modificar los porcentajes de firmas exigidos por la legislación.

La declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado. A partir de ello, las autoridades electorales deberán considerar los plazos recuperados para la reorganización de las etapas correspondientes y el calendario electoral.