Fernanda Durán
La diputada Frinné Azuara Yarzábal atribuyó a fallas en las políticas de vacunación del Gobierno federal la pérdida del estatus de México como país libre de transmisión endémica de sarampión y consideró que deben determinarse responsabilidades por las muertes registradas durante el brote.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó el 17 de noviembre que México, Bolivia y Estados Unidos perdieron ese estatus luego de que la misma línea del virus circulara de manera ininterrumpida durante al menos 12 meses. En el caso mexicano, la cadena de transmisión comenzó el 1 de febrero de 2025.
Azuara cuestionó la política de adquisición de vacunas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que parte de las defunciones pudieron haberse evitado con una mayor cobertura.
“Esos niños no debieron haber fallecido si ellos hubieran utilizado los recursos que el Congreso les destinó y les aprobó para la compra de vacunas y no lo hicieron”.
La legisladora aseguró además que el 70 por ciento de los menores fallecidos nació durante el sexenio anterior, dato que utilizó para responsabilizar políticamente a esa administración.
“Es una pena, una tristeza. Yo creo que esto no se puede quedar así. Alguien tiene que pagar”.
Al 11 de noviembre, la Secretaría de Salud había confirmado 20 mil 552 casos de sarampión acumulados desde enero de 2025.
La dependencia federal informó posteriormente que la cobertura nacional de vacunación alcanzó alrededor del 90 por ciento, todavía por debajo de la meta de 95 por ciento recomendada para cortar de manera sostenida la transmisión. Al 13 de noviembre, México registró seis casos activos y 12 entidades acumularon al menos 12 semanas sin nuevos contagios.
Azuara señaló que San Luis Potosí ya ha superado el 80 por ciento de cobertura y destacó que no se han registrado defunciones por sarampión en la entidad.
La pérdida del estatus de eliminación no implica que todo el territorio mexicano mantenga brotes activos. De acuerdo con la OPS, significa que se documentó transmisión continua del virus durante al menos un año; para recuperar la certificación, el país deberá demostrar nuevamente 12 meses consecutivos sin transmisión endémica.





