Fernanda Durán
Aunque el Congreso del Estado aprobó por unanimidad, con 24 votos a favor, una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí para ampliar las circunstancias que permiten acreditar el delito de feminicidio y establecer nuevas agravantes, las modificaciones enfrentan un posible problema de constitucionalidad: desde el 7 de mayo de 2026, la Constitución federal reserva al Congreso de la Unión la facultad de establecer, mediante una ley general, los tipos penales y las sanciones en esta materia.
La reforma, aprobada este 18 de noviembre, deriva de una iniciativa presentada por la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas el 8 de agosto de 2025 y dictaminada por la Comisión Primera de Justicia, presidida por Leticia Vázquez Hernández, ambas del Partido Verde. Su contenido amplía las circunstancias para identificar las razones de género en el asesinato de una mujer, incorpora condiciones de vulnerabilidad y establece nuevas hipótesis para incrementar las sanciones.
Sin embargo, el dictamen fue elaborado y aprobado después de que entrara en vigor una modificación al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incorporó expresamente el feminicidio entre las materias cuya tipificación y sanciones corresponden a las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión.
La contradicción aparece en el propio dictamen de la Comisión Primera de Justicia, que sostiene que el Congreso de la Unión no tiene facultad exclusiva para legislar en la materia, pese a que esta atribución quedó establecida en la reforma constitucional vigente desde el 7 de mayo de 2026. Además, el Congreso potosino había avalado por unanimidad esa misma modificación federal el 23 de abril, antes de aprobar el dictamen local en septiembre.
La reforma local amplía el catálogo de circunstancias que permiten considerar que una mujer fue privada de la vida por razones de género, al reconocer diferentes relaciones de poder, antecedentes de violencia y condiciones de vulnerabilidad que pueden presentarse antes del asesinato.
Entre los cambios se encuentra la identificación de vínculos sentimentales, afectivos o de confianza, que pueden derivar del parentesco, matrimonio, concubinato, noviazgo, amistad, cuidados, cohabitación o cualquier otra relación de hecho entre la víctima y el agresor.
También se extiende el reconocimiento de antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial y económica a los ámbitos familiar, laboral, escolar, docente, comunitario, institucional, político, digital y mediático. Para ello, podrán considerarse antecedentes, indicios o datos de violencia, aun cuando no hayan sido denunciados formalmente.
Otra modificación contempla las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, acoso, lesiones o agresiones relacionadas con el hecho delictivo, incluidos los actos dirigidos a limitar los derechos políticos y electorales de la víctima o impedirle acceder a cargos públicos o espacios de decisión.
Asimismo, se incorpora como circunstancia específica la existencia de relaciones laborales, docentes, religiosas, institucionales o de servicio que impliquen subordinación o superioridad entre la víctima y el agresor, independientemente de que esa relación sea formal o de hecho.
La reforma de igual manera reconoce situaciones de indefensión o desprotección real por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, además de condiciones que dificulten solicitar auxilio debido a la distancia de lugares habitados o impedimentos físicos y materiales.
Se agrega una circunstancia relacionada con mujeres reportadas como desaparecidas o buscadas por familiares, particulares o autoridades antes de la localización de sus cuerpos o restos.
En cuanto a la exposición del cuerpo, se amplía para comprender los restos de la víctima, así como su entierro u ocultamiento en lugares públicos o privados.
La reforma conserva la sanción base de 40 a 60 años de prisión y multas de cuatro mil a seis mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). No obstante, establece la posibilidad de aumentar la pena hasta en una tercera parte cuando participen varios agresores, el delito ocurra en contextos de trata o explotación sexual, se cometa en presencia de familiares o personas cercanas a la víctima, o esta sea niña o adolescente.
De acuerdo con la Comisión Primera de Justicia, estas modificaciones buscan facilitar la acreditación de las razones de género sin generar un tipo penal abierto o indeterminado que vulnere el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
La facultad federal que entró en vigor en mayo
El 6 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución federal, para incorporar el feminicidio al catálogo de materias en las que el Congreso de la Unión puede expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.
El Artículo Primero Transitorio dispuso que la modificación entraría en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 7 de mayo.
A partir de esa fecha, la atribución de establecer la tipificación y las sanciones del feminicidio quedó reservada constitucionalmente al ámbito legislativo federal, de acuerdo con la interpretación que la Suprema Corte ha sostenido respecto de otras materias incorporadas a la misma disposición constitucional.
Aunque la iniciativa potosina fue presentada antes de ese cambio, la comisión local la dictaminó el 30 de septiembre, casi cinco meses después de la entrada en vigor de la reforma federal, y el pleno la aprobó en noviembre.
El Artículo Tercero Transitorio del decreto federal establece que las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas sobre feminicidio “continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general de la materia que emita el Congreso de la Unión”.
Esta previsión permite que los códigos penales existentes continúen aplicándose mientras se expide la legislación nacional, con el propósito de evitar vacíos normativos en la investigación y sanción del delito.
El propio transitorio señala que será la futura ley general la que establezca los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Por ello, la reforma potosina podría enfrentar cuestionamientos sobre la competencia del Congreso local para ampliar el catálogo de razones de género y crear nuevas agravantes durante este periodo de transición.
La Suprema Corte ya ha invalidado reformas penales de San Luis Potosí
La posible invasión de competencias tiene antecedentes en el Poder Legislativo potosino. En la Acción de Inconstitucionalidad 36/2018 y su acumulada 39/2018, la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones del Código Penal relacionadas con la desaparición forzada de personas, al considerar que el Congreso del Estado había legislado sobre elementos y sanciones reservados al Congreso de la Unión.
En esa resolución, la Corte estableció que la competencia federal exclusiva surgió desde la entrada en vigor de la reforma constitucional correspondiente, por lo que las legislaturas locales habían perdido la facultad de modificar los tipos penales y sus sanciones en esa materia.
Otro antecedente se encuentra en la Acción de Inconstitucionalidad 138/2022, resuelta en febrero de 2024, mediante la cual se invalidó una disposición de la Ley para Prevenir la Tortura en San Luis Potosí por regular aspectos de un delito cuya definición corresponde a la legislación general federal.
Asimismo, en la Acción de Inconstitucionalidad 204/2023, la Corte invalidó una modificación del Código Penal potosino que incrementaba las penas por encubrimiento cuando estuviera relacionado con secuestro y desaparición forzada, al considerar que el Congreso estatal había invadido atribuciones federales.
Estos precedentes muestran que la Suprema Corte ha considerado la falta de competencia legislativa en materias reguladas por el mismo artículo 73, fracción XXI de la Constitución federal como una causa suficiente para invalidar disposiciones locales, independientemente de que las reformas busquen fortalecer las sanciones o ampliar la protección de las víctimas.
La controversia ocurre mientras el Congreso de la Unión mantiene pendiente la expedición de la legislación general que deberá homologar la tipificación del feminicidio en todo el país.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto constitucional otorgó un plazo de 180 días naturales para expedirla, contado a partir del 7 de mayo de 2026. Ese periodo concluyó el 3 de noviembre, sin que la nueva ley entrara en vigor.
La iniciativa federal, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado en julio, permanece en análisis después de las observaciones presentadas por organizaciones, colectivas feministas, familiares de víctimas y especialistas.
Entre los aspectos que continúan en discusión se encuentran la definición de las razones de género, la homologación de las sanciones, las agravantes y las condiciones para investigar toda muerte violenta de una mujer como posible feminicidio.
El 15 de noviembre se informó que las negociaciones en el Senado continuaban sin una fecha garantizada para la aprobación del dictamen, debido a la necesidad de revisar el alcance del tipo penal con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres.
Una vez publicado el decreto estatal en el Periódico Oficial del Estado, podría abrirse la posibilidad de impugnarlo mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del plazo de 30 días naturales previsto por la Constitución federal.





