Por: Eduardo Delgado.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) agotó la investigación pero no ha delimitado el grado de responsabilidad de autoridades y personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; propietario y empleados del balneario “Woow”, así como del Ayuntamiento de Villa de Reyes, respecto de la muerte del menor Diego –quien hoy hace once meses falleció ahogado en el parque acuático-, informó Julio César García Meléndez, director de Asesoría Jurídica de Gobierno del Estado.
En representación de los padres de Diego, Leopoldo González y Socorro Ruiz Medellín, quienes recién cambiaron de abogado, el funcionario explicó que el Ministerio Público Especializado en Asuntos Relevantes, Hugo César Azuara Arguelles, enfrenta “dificultades técnicas” para deslindar responsabilidades.
Sostuvo que el representante social “ya realizó todas las diligencias para comprobar el delito por homicidio culposo, pero tiene ciertos problemas para decretar, en forma muy precisa, la responsabilidad de cada uno de los presuntos responsables”.
Entre estos las autoridades de la universidad y su personal; el dueño del balneario y los responsables de su mantenimiento, así como las autoridades municipales de Villa de Reyes, en especial la Unidad Municipal de Protección Civil.
Justificó que ello “es lo que nos lleva al retraso”, pero establecidas las responsabilidades “de quienes debieron actuar con responsabilidad o incurrieron en negligencia o falta de cuidado”, la averiguación sería consignada a un juzgado penal por la comisión de un delito imprudencial por omisión.
La responsabilidad, expuso, se establecerá una vez definido quienes estaban al cuidado de los niños; la de los responsables del mantenimiento del balneario y de los responsables vigilar que las áreas no fueran peligrosas para los usuarios.
También, “debo manifestar que hay acercamiento de probables responsables para la posible indemnización a los padres”.
“Porque hay una póliza de seguro que pueden hacer efectiva los papás de Diego, a quienes debemos informar y explicar los alcances de este tipo de acuerdos, enmarcados en la reparación de daño pero también tenemos que velar por los intereses de la familia, pues ellos quieren que se haga justicia”, agregó.
- ¿No es solo el aspecto económico?
- Tenemos que velar también para que las autoridades adopten medidas para que estas cosas no se repitan con otro chico. Que no se re victimice por parte de las autoridades y que estas hagan su trabajo.
- ¿No sería sano que el Ministerio Público consigne ya?
- Realmente estamos esperando a ver si hay un acuerdo conciliatorio y de no ser así se lo solicitaríamos formalmente al Ministerio Público que ejercite acción penal para que el juez determine si es procedente o no.
- ¿Previo es factible un acuerdo?
- Siempre y cuando los padres del menor estén debidamente satisfechos de su reparación integral del daño, porque no nada más es el aspecto económico.
