Por: Antonio González Vázquez.
El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López presentó al Congreso del Estado un paquete de iniciativas para crear y reformas diversos ordenamientos legales en materia de combate a la corrupción. El ejecutivo solicita tramite preferente a ese paquete a fin de que se le dictamine a la brevedad. El paquete puede ser consultado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso para su sesión del 29 de septiembre.
El paquete de proyectos de Decreto incluye: La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado; Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado; Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado; Código Procesal Administrativo del Estado; Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; así como reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública y del Código Penal del Estado.
Se precisa en la propuesta del gobernador que “en ejercicio del derecho de Iniciativa preferente que me concede el segundo párrafo del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado, del que hago uso por la relevancia y gran impacto en el ejercicio de la función pública que la misma conlleva, propongo en esta Iniciativa, expedir las ocho leyes antes referidas”.
En su exposición de motivos de las iniciativas presentadas por el Congreso, a las que el Congreso dará entrada en sesión ordinaria de este jueves, el gobernador Carreras señala que “la corrupción es, sin duda, el mayor desafío que enfrentan hoy día las instituciones públicas”.
No hay ni podrá existir un marco legal, ni institución u organismo público perfectos, que garanticen la extinción de la corrupción. Nada ni nadie puede asegurar que un servidor público o un particular se presten a realizar un acto ilícito que beneficie a alguien sin derecho y que merme la hacienda pública, que es resultado del esfuerzo de una comunidad. Sin embargo, sí es posible avanzar y mejorar los esquemas normativos e institucionales que tenemos; de esto se trata, de dotar a nuestra Entidad, en el marco de un Sistema Nacional, de los medios suficientes para enfrentar con más y mejores herramientas el problema de la corrupción.
El problema de la corrupción, no es propio ni exclusivo de los servidores públicos; puesto que en la mayoría de los actos ilícitos interviene siempre de alguna u otra manera un del Estado privado como sujeto de responsabilidad, tanto pecuniaria como penal, por actos de corrupción.
Paralelamente, una de las fortalezas del Sistema Anticorrupción del Estado, es la participación ciudadana; que se da a través de un Consejo integrado por ciudadanos de la sociedad civil, ajenas a intereses en el sector público y con conocimientos de las materias de control y fiscalización, para que presidan el órgano máximo del Sistema, como Comité Coordinador del mismo.
Las novedades más significativas en este Sistema Anticorrupción del Estado están también, por un lado, en la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. Entidad que, enmarcada en la Fiscalía General del Estado, gozará de la autonomía técnica y de gestión necesarias para realizar sus funciones con imparcialidad y profesionalismo, para castigar penalmente por delitos relacionados con hechos de corrupción, y, por otra parte, en la reestructuración del Tribunal ahora llamado de Justicia Administrativa, con competencia para imponer sanciones por faltas administrativas graves, tanto a servidores públicos como a particulares, incluyendo a las personas morales.
La Fiscalía especializada antes referida, deberá crearse en su momento en la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ley que será presentada a esta Legislatura por el Ejecutivo a mi cargo, una vez que en su caso se apruebe la reforma que propongo realizar a la Constitución local, para crear la referida Fiscalía General del Estado, institución que sustituye a la actual Procuraduría General de Justicia, y que por tratarse de una reforma constitucional, se presenta en Iniciativa paralela a la presente.
En conjunto, estas normas que se proponen deberán contribuir no solamente al combate al fenómeno de la corrupción, sino – esencialmente – a la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. La mejor forma de atacar un problema es desde su origen: no hay más eficaz remedio para la enfermedad, que la prevención.
