Por Eduardo Delgado
Sea por voracidad o extrema necesidad, servidores públicos como Honorato Hurtado Álvarez parecen requerir doble ingreso: uno como empleado municipal en Rioverde y otro como litigante, lo que implica la violación a ley.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de San Luis Potosí, en el artículo 56 y fracción XI, ordena a burócratas estatales y municipales “abstenerse de desempeñar algún otro empleo cargo o comisión oficial o particular”.
En la nómina del Ayuntamiento de Rioverde, Hurtado Álvarez aparece como asesor jurídico en el Instituto Municipal de las Mujeres, con nivel 9, categoría “B”, como empleado eventual, con un salario diario de 200 pesos y un ingreso mensual de 6 mil 82 pesos, además con sus respectivas prestaciones: aguinaldo y prima vacacional.
En tanto, el 5 de diciembre del año anterior el Juez de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, en Rioverde, dio cuenta de la recepción de una demanda de divorcio, promovida por una mujer que presentó como sus abogados a tres profesionistas. Uno de ellos Hurtado Álvarez, lo que le implica –independientemente de que litigue sin obtener un pago por sus servicios- la transgresión a la ley.
El primer párrafo del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dicta: “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa, la que dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan:”.
En su fracción XIII les impone como obligación: “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
