María Ruiz
A días de que se cumpla un año del caso Rich —el trágico incidente en el que dos jóvenes perdieron la vida tras caer de un barandal en un antro sin permisos— el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos insistió en que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva el control de la investigación, aunque defendió las acciones del municipio tras lo ocurrido.
“Estamos dejando que trabaje la Fiscalía, es un asunto delicado”, respondió Galindo al ser cuestionado sobre los avances del caso.
Sin embargo, aseguró que el gobierno municipal ha entregado toda la información solicitada por el Ministerio Público, incluyendo un expediente de la Contraloría donde ya se sancionó a varios funcionarios municipales por omisiones.
No obstante, tampoco ofreció detalles sobre plazos o nuevas acciones legales que pudieran contemplarse desde el ayuntamiento.
En este sentido, Galindo destacó que, tras el incidente, se trabajó directamente con las familias de las víctimas en la reforma del reglamento de centros nocturnos, la cual se aprobó este 3 de junio por el Cabildo.
“Ellos nos hicieron muchas observaciones; todas se tomaron en cuenta”, afirmó.
Entre las propuestas adoptadas, mencionó la creación de una aplicación para que padres y jóvenes puedan consultar los antros que están regulados, y la pérdida definitiva de licencia para los lugares donde se detecte la presencia de menores de edad.
Aunque estas medidas suenan ambiciosas, algunas todavía no entran en vigor. El alcalde reconoció que la plataforma digital estará lista “en cuatro meses”, mientras que la fiscalización en los antros aún depende de operativos municipales.
Sobre la vigilancia a establecimientos, Galindo informó que desde enero se han clausurado más de 160 negocios, principalmente por operar sin licencias o fuera de norma.
También señaló que muchos emprendedores aún abren primero y “luego quieren regularizar”, una práctica común en la ciudad que ahora busca revertirse con la intervención directa de la Dirección de Desarrollo Urbano.
“Vamos a entrar en un proceso de invitación para que todos los negocios se ajusten al nuevo reglamento. También vamos a abrir mesas de trabajo con ellos”, explicó, admitiendo que el fenómeno de operar primero y regularizar después ha sido tolerado por años.
Aunque el alcalde asegura avances y diálogo con las familias, no queda del todo claro si las sanciones internas alcanzan a los niveles de responsabilidad que se esperaría en un caso de esta magnitud.
Tampoco se conoce el estado exacto de la investigación en la Fiscalía ni si se emprenderá responsabilidad penal contra funcionarios implicados.
