Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibió el pasado 29 de agosto una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos 2025 del municipio de Zaragoza propuesta por la alcaldesa Amada Zavala y aprobada en Cabildo desde el 23 de julio.
La petición llegó ocho meses después de que la propia Ley de Ingresos fuera autorizada por el Poder Legislativo en diciembre de 2024.
La propuesta busca fortalecer la recaudación municipal mediante la creación de un nuevo concepto de cobro por cambio de uso de suelo, además de incrementar las tarifas del refrendo de licencias ya existentes.
De acuerdo con el documento, actualmente Zaragoza cobra porcentajes muy por debajo de municipios cercanos como San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez o Villa Hidalgo, lo que limita sus ingresos y provoca disparidades frente a otras demarcaciones.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra la adición de la fracción V al artículo 24, que autorizaría el cobro por cambio de uso de suelo con una tabla progresiva basada en metros cuadrados y en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Por ejemplo, de 1 a 5 mil metros cuadrados se aplicaría un cargo de 0.50 UMAs por metro cuadrado, mientras que en predios superiores a un millón de metros cuadrados la cuota sería de 0.10 UMAs.
En paralelo, el Ayuntamiento propone reformar el refrendo anual de licencias de uso de suelo: en lugar del 15 por ciento vigente, la nueva disposición elevaría el cobro al 50 por ciento y, en caso de que no se acredite la existencia de la licencia inicial, se aplicaría el 100 por ciento de las cuotas. Según la exposición de motivos, la intención es incentivar la formalidad, actualizar la legislación local y garantizar condiciones fiscales más equitativas.
La solicitud de Zaragoza llega en un contexto particular: mientras el Congreso estudiará esta reforma tardía a la Ley de Ingresos 2025 en la Comisión Segunda de Hacienda Municipal, los municipios ya se preparan para presentar sus propuestas de ingresos para el ejercicio fiscal 2026, cuyo plazo máximo de entrega vence el 25 de noviembre y que deberá aprobarse a más tardar el 15 de diciembre, previo a su entrada en vigor.
Con esta medida, la administración municipal argumenta que no solo se busca generar mayores ingresos, sino también regular actividades económicas y urbanísticas que operan fuera del marco normativo, al tiempo que se asegura que quienes realicen cambios de uso de suelo de mayor escala contribuyan proporcionalmente más.
Aunque la administración municipal ha insistido en la necesidad de fortalecer sus finanzas a través de nuevos cobros, recientemente la alcaldesa Amada Zavala reconoció que el municipio adquirió una patrulla tipo jeep por 1.9 millones de pesos con recursos del programa Fortamun.
El gasto fue justificado como una medida indispensable para atender emergencias en caminos de difícil acceso, pero también generó cuestionamientos sobre las prioridades en el uso de los recursos públicos.
