Desiree Madrid
San Luis Potosí cumple un año desde que se realizó la consulta a personas con discapacidad para integrar el Plan Estatal de Desarrollo (PED), pero a nueve meses de que se publicaron las modificaciones oficiales en el Periódico Oficial del Estado, la línea de acción más relevante para este sector sigue sin cumplirse: la creación de un área de gobierno encargada de coordinar la política pública en materia de discapacidad.
La omisión fue denunciada por Catalina Torres Cuevas, activista y defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, quien ha seguido de cerca el proceso derivado de un amparo que ordenó la consulta. La sentencia del juez fue clara: el gobierno debía consultar al colectivo de manera real, sin simulaciones y con resultados vinculantes.
“El 5 de diciembre del año pasado se publicaron las modificaciones al Plan, ahí quedó plasmada la creación de un área de gobierno para promover el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y coordinar la política pública estatal. Han pasado nueve meses y esa área no existe. Eso es incumplimiento y simulación”, denunció la activista.
Torres Cuevas relató que en distintas ocasiones ha planteado el tema al subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Ángel Gonzalo Santiago, próximo a ser magistrado. Sin embargo, la respuesta que recibió fue que “se patearía el bote”.
“Prácticamente me dijo que lo iban a alargar lo más posible, que no había intención de cumplir lo que ellos mismos publicaron en el Periódico Oficial. Eso refleja el desdén con el que se maneja la discapacidad en San Luis Potosí”, explicó.
Para la defensora, la situación es grave porque la consulta fue una conquista legal.
“El amparo que ganamos fue precisamente para que no hubiera simulaciones, y lo que estamos viendo es simulación pura. Nueve meses de atole con el dedo, nueve meses de incumplimiento”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 4.3 y 33.1, obliga a los Estados parte a consultar a las personas con discapacidad en las políticas que les afectan y a crear mecanismos internos que aseguren la transversalización del tema en todo el aparato gubernamental.
Torres Cuevas recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios en el mismo sentido, al resolver amparos relacionados con planes de desarrollo tanto municipales como estatales.
“No es un capricho, es un derecho humano reconocido a nivel internacional y que México está obligado a cumplir”, enfatizó.
Consultas sin condiciones de accesibilidad
La activista señaló que muchas veces las autoridades reducen las consultas a reuniones simbólicas, sin condiciones de accesibilidad.
“No basta con reunir a la gente. Una persona con movilidad limitada muchas veces ni siquiera tiene transporte para llegar al lugar. Las personas sordas requieren intérpretes de lengua de señas; las personas con discapacidad intelectual necesitan materiales en lenguaje sencillo. No es que no quieran participar, es que no se les dan las condiciones”, explicó.
A su juicio, esta falta de accesibilidad termina por excluir a las personas con discapacidad, mientras que otros hablan en su nombre.
“Eso es como hace cien años, cuando se decía que las mujeres no podían pensar por sí mismas y que los hombres debían decidir por ellas. Hoy las personas con discapacidad saben lo que quieren, saben lo que necesitan, pero no se les escucha”.
Congreso sin voluntad
El Poder Legislativo tampoco ha cumplido su papel, según la activista. Recordó que en procesos anteriores como la consulta sobre la Ley de Asistencia Social, se modificó la convocatoria de último momento para abrirla a “todas las personas interesadas”, lo que diluyó el carácter específico de la consulta.
“Es como si en una consulta para mujeres se dijera que es para mujeres y para todos los interesados. Eso refleja soberbia y desconocimiento”, apuntó.
Torres Cuevas propuso que el Congreso cuente con un área especializada en discapacidad, como ya existen para personas migrantes o mujeres, que pueda asesorar sobre qué iniciativas requieren consulta y cómo llevarla a cabo.
“Eso permitiría que las consultas fueran regulares y no improvisadas. Pero ni siquiera nos reciben. El diputado Serrano, por ejemplo, nunca nos ha dado audiencia”.
Mientras el área de discapacidad sigue pendiente, el Congreso ha solicitado recientemente 8 millones de pesos para realizar consultas ciudadanas en otros temas.
“Dicen que no hay recursos, pero cuando les interesa sí encuentran el dinero. En el caso de la discapacidad ni siquiera cumplen lo que ya está publicado en el Periódico Oficial”, criticó la defensora.
La activista subrayó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también tiene responsabilidad, pues la Convención le otorga la obligación de promover, proteger y supervisar su cumplimiento.
“Ahora que la Comisión ya tiene conocimiento, debería darle seguimiento. Es su obligación. No se trata de un favor ni de un gesto político, sino de una responsabilidad legal y ética”, advirtió.
Con menos de la mitad de la administración estatal por delante, la creación del área para personas con discapacidad sigue en espera. Para Torres Cuevas, el retraso refleja que el tema es visto más como un recurso de imagen que como una política real.
“Las personas con discapacidad servimos para la foto, para que digan que son incluyentes. Pero a la hora de defender derechos, ya no importamos. Eso es lo terrible: el contraste entre lo que dicen y lo que hacen”, concluyó.
