Desiree Madrid
San Luis Potosí se acerca al primer aniversario de la despenalización del aborto en el estado. En este contexto y en el del marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la doctora Elizabeth Dávila Chávez, directora de Servicios de Salud, explicó que la estrategia institucional ha girado en dos ejes: garantizar un procedimiento seguro dentro de los hospitales y fortalecer la prevención del embarazo adolescente, un fenómeno que afecta a miles de niñas y jóvenes potosinas.
“Cuando salió prácticamente la autorización para la legalización del aborto aquí en San Luis Potosí, nuestra primera tarea fue difundir el hecho a través de oficios a todas las instituciones con la finalidad de que todos lo conozcan”, señaló Dávila Chávez.
Agregó que el personal médico ha tenido que capacitarse para cumplir con la normatividad, desde la historia clínica y estudios de laboratorio hasta la verificación por ultrasonido, con el objetivo de asegurar “un aborto verdaderamente seguro”.
La funcionaria confirmó que en este primer año se han realizado 134 interrupciones de embarazo en hospitales públicos del estado. El dato revela una demanda todavía baja en comparación con la magnitud del fenómeno de embarazos adolescentes, pero marca un precedente en la implementación de este derecho.
Las cifras oficiales muestran que el reto de la prevención es enorme. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en San Luis Potosí 134 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres durante 2024, lo que coloca al estado entre los primeros lugares del país en este indicador.
Además, en ese mismo año se registraron casi 37 mil nacimientos, de los cuales más de 2 mil correspondieron a adolescentes, es decir, poco más del 5 por ciento del total.
La coincidencia entre el número de abortos legales practicados y el de partos en niñas menores de 15 años exhibe con claridad la paradoja: mientras unas logran acceder a servicios médicos para interrumpir un embarazo, otras —por edad, contexto o falta de información— llegan a la maternidad en condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, la entrevista, la doctora Dávila Chávez negó que existan carencias de infraestructura para realizar abortos en regiones como la Huasteca, señaladas por colectivos feministas como zonas con mayores rezagos.
“En los hospitales no se tiene ningún rezago de infraestructura como para que no se puedan atender. Sí el difundir, porque no es un trámite administrativo… hay un proceso, y eso nos lleva a tener un aborto seguro”, aclaró.
No obstante, reconoció que aún falta camino por recorrer en materia de promoción y acceso equitativo a los servicios.
“Probablemente en este año que ha transcurrido aún nos falta, pero lo seguimos trabajando día a día en esa promoción para que sepan de esta oportunidad y sobre todo de los derechos que están vigentes en la mujer”.
De igual forma, la directora de Servicios de Salud insistió en que la estrategia oficial busca privilegiar la prevención sobre la atención directa de abortos.
“El trabajo tiene que ser también de la mano, no es desviado solamente de la atención de hacer un aborto seguro, no. Antes, prevenir el embarazo, ese es el trabajo que hoy por hoy nos está ocupando y nos hace como institución ser fuertes en el sentido de esa difusión”, explicó.
Entre las acciones mencionadas están la promoción de la planificación familiar, la oferta de métodos anticonceptivos hormonales y mecánicos, así como campañas dirigidas a adolescentes para que cuenten con la información necesaria para vivir una sexualidad más segura.
La paradoja entre los avances legales y la realidad estadística deja claro que la legalización, aunque representa un paso importante en el reconocimiento de derechos, no basta por sí sola.
La alta incidencia de embarazos adolescentes en San Luis Potosí revela las brechas en educación sexual, acceso a servicios de salud y acompañamiento social.
La propia doctora Dávila Chávez lo reconoció:
“Muchas veces la educación, los hábitos, las costumbres de las familias de una población, de una localidad, van siendo diferentes y eso a veces no nos deja permear como debe de ser hacia todos lados, pero nosotros trabajamos parejo para todos”.
El panorama muestra un reto dual: garantizar que el derecho a un aborto seguro se ejerza en condiciones de equidad y, al mismo tiempo, reducir los embarazos no planeados en niñas y adolescentes, donde las estadísticas del INEGI siguen encendiendo las alarmas.
