Fernanda Durán
El presidente de la Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad, Efraín Torres Salazar, consideró que las evaluaciones que se aplicarán a las 64 personas juzgadoras electas deben servir para separar del cargo a quienes no cuenten con los conocimientos necesarios, ante lo que calificó como un “total desorden” en juzgados familiares y problemas que, aseguró, también han detectado en algunos juzgados civiles de San Luis Potosí.
El posicionamiento surge ante el próximo inicio de las evaluaciones de conocimientos teóricos, prácticos y de desempeño previstas para las personas juzgadoras que llegaron al cargo mediante la elección judicial. De acuerdo con lo informado previamente por el Poder Judicial del Estado, los exámenes comenzarán a partir de septiembre y su aprobación será necesaria para permanecer en funciones.
Torres Salazar respaldó que se evalúe a las y los jueces, aunque consideró que el nivel de exigencia debería ser mayor y planteó que la calificación mínima para acreditar tendría que ser de nueve.
Su postura, explicó, parte de las deficiencias que la organización asegura haber observado durante el primer año de funcionamiento de las personas juzgadoras electas, particularmente en materia familiar.
“Ya hemos anunciado nosotros que los jueces familiares han tenido un total desorden en el funcionamiento de sus juzgados y en el funcionamiento de ellos mismos porque no tienen los criterios adecuados para dictar sentencias y dictar acuerdos, les falta mucha preparación a estos jueces”.
El dirigente de los abogados postulantes sostuvo que las deficiencias no se limitan a los juzgados familiares y señaló específicamente actuaciones del Juzgado Primero Civil, encabezado por la jueza Beatriz Alejandra Iñiguez Ruvalcaba, así como del secretario de acuerdos José Joaquín Blanco Sandate.
Según Torres Salazar, la inconformidad de la asociación deriva de actuaciones dentro de un expediente particular en el que la parte demandada planteó una excepción de falta de personalidad y promovió un incidente que, afirmó, no fue atendido inicialmente.
“Los dos han estado realizando acciones negativas procesalmente hablando, especialmente en un expediente, en una contestación de demanda, se ofrece la excepción de falta de personalidad y un incidente y, del incidente hacen oídos sordos y no le dan entrada y nos vamos al recurso de queja y luego, luego lo resuelven rápido que no procede”.
A partir de ese caso, el abogado señaló posibles irregularidades en la actuación del juzgado y acusó un trato procesal diferenciado entre las partes.
“Ojalá así resolvieran y acordaran todos los expedientes de todos los juzgados del Poder Judicial, pero en este caso del juzgado primero civil se presume que hay una corrupción porque están sacando acuerdos a favor de la parte contraria de manera rápida y expedita. Negando todo a la parte demandada, son situaciones que no corresponde, se les está invocando una jurisprudencia de la Suprema Corte y se las pasan por abajo el arco del triunfo, no las obedecen, no las acatan, pese a que las jurisprudencias son para que se acaten por todos los jueces”.
Torres Salazar informó que, a raíz de estas actuaciones, promovieron un procedimiento ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que se revise el desempeño de las personas señaladas. Será esa instancia la encargada de determinar si existieron irregularidades y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
El dirigente vinculó estas inconformidades con la próxima evaluación de las personas juzgadoras y sostuvo que el proceso no debería reducirse al cumplimiento formal de un examen, sino permitir identificar a quienes carezcan de preparación suficiente para continuar impartiendo justicia.
La evaluación deriva del nuevo modelo establecido con la reforma judicial y estará relacionada con la permanencia de las 64 juezas y jueces que llegaron al Poder Judicial mediante el primer proceso de elección popular.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Martínez Zarazúa, había confirmado que el proceso se encuentra próximo a comenzar.
Las 64 personas juzgadoras permanecerán en funciones mientras se desarrolla el procedimiento. Una vez concluidas las evaluaciones se determinará quiénes acreditaron los conocimientos y desempeño requeridos para continuar en sus respectivos juzgados.
