Fernanda Durán
Integrantes de la Asociación de Abogados Postulantes de San Luis Potosí cuestionaron la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso del Estado y advirtieron que las modificaciones podrían vulnerar el principio de supremacía constitucional y el esquema de prelación derivado de la elección judicial, al considerar que alteran reglas establecidas en la reforma federal un año después de su entrada en vigor.
Durante un posicionamiento público, el abogado Efraín Torres Salazar calificó la actuación del Poder Legislativo como una muestra de desconocimiento jurídico y que las recientes modificaciones representan un intento por alterar las reglas aprobadas a nivel nacional apenas unos meses después de la elección judicial.
“Pecan de ignorantes y de agachones”, expresó al referirse a las y los diputados locales, a quienes también acusó de modificar disposiciones para las que el Congreso del Estado carece de facultades.
El litigante argumentó que la reforma judicial federal estableció que cuando una magistratura o un juzgado quede vacante por ausencia definitiva, enfermedad o fallecimiento, el cargo debe ser ocupado por la persona que obtuvo la segunda mayor votación en la elección correspondiente, criterio que, afirmó, no puede ser modificado por una legislación estatal.
Aseguró que cualquier cambio de ese tipo requeriría primero una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no únicamente a la Constitución local o a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“No saben que primeramente se debe de reformar la Constitución Nacional, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna”, sostuvo.
Torres Salazar afirmó que la reforma aprobada por el Congreso potosino se encuentra “viciada de nulidad” y que podría ser combatida mediante mecanismos de control constitucional, entre ellos una acción de inconstitucionalidad ante instancias federales.
“Todo lo que se haga y lo que hagan ellos va a estar funcionando con una situación de nulidad constitucional”.
Por su parte, la abogada postulante María del Sagrario Bernardo López señaló que las modificaciones aprobadas podrían afectar la integración del Poder Judicial al permitir, desde su perspectiva, la designación de perfiles sin el respaldo ciudadano.
“Estamos disfrutando de un Congreso que está poniendo personal en el Poder Judicial”, expresó al cuestionar que los cambios hayan sido aprobados de manera acelerada.
La litigante afirmó que “las reformas exprés” abren la puerta para colocar personas “a modo” dentro de la estructura judicial, por lo que llamó a la ciudadanía a vigilar el desempeño de las y los diputados.
Los abogados también dirigieron sus críticas a la diputada María Leticia Vázquez Hernández, promovente de la iniciativa, a quien convocaron públicamente a explicar los motivos de la reforma.
“La conminamos, la invitamos a que venga y nos dé una explicación”, expresó Juan José Frías Aguilera, quien cuestionó a quién responde la iniciativa, pues las modificaciones no benefician ni al gremio jurídico ni a la ciudadanía.
Durante el posicionamiento, los litigantes insistieron en que la reforma rompe el esquema de prelación derivado de la elección judicial, al eliminar la posibilidad de que las vacantes sean ocupadas por la candidatura que obtuvo la siguiente mayor votación y sustituirla por designaciones provisionales realizadas desde el propio Poder Judicial.
“Quieren poner a los que ellos quieren a modo”, sostuvo Torres Salazar al considerar que las modificaciones sustituyen la voluntad expresada en las urnas.
El pronunciamiento ocurre después de que el Congreso del Estado aprobara una nueva reforma al Poder Judicial que, entre otros cambios, devolvió al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia la facultad de elegir a su presidencia, modificó el mecanismo para cubrir vacantes de jueces y magistrados, reincorporó la figura de los jueces auxiliares y creó una Junta de Coordinación entre los órganos superiores del Poder Judicial.
