Desiree Madrid
Académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunciaron este miércoles una serie de irregularidades en la integración de la terna que será sometida a votación por el Consejo Directivo Universitario (CDU) para elegir a la nueva dirección del plantel.
Edith Argüelles Barrientos y Sujey Tristán señalaron que el Consejo Técnico Consultivo (CTC) definió la terna sin transparentar las razones por las cuales descartó a nueve de las 12 personas inscritas en la convocatoria.
De acuerdo con Tristán, las participantes se enteraron de la terna “cerca de las 11 de la noche” a través de medios de comunicación y no mediante una notificación institucional, además de que, hasta el momento, ninguna de las aspirantes ha recibido información oficial sobre los criterios de evaluación o las razones de su exclusión.
“Lo lamentable es que 36 horas después ya se citó al Consejo Directivo Universitario para votar esa terna”, afirmó.
Las académicas vincularon lo ocurrido con el clima interno que se vive en la Facultad de Derecho tras la denuncia por violencia sexual presentada por una alumna semanas atrás. En su intervención, Tristán indicó que este caso detonó quejas sobre “malas prácticas”, misoginia y violencia política de género dentro del plantel, sumado a la exclusión de perfiles académicos no partidistas, que también forma parte de este contexto.
Otro de los cuestionamientos centrales es la posible participación de perfiles con vínculos partidistas ―señalados públicamente en redes sociales― dentro de la terna. Las académicas advirtieron que esta situación podría afectar la autonomía universitaria.
Aunque insistieron en que no buscan que alguna de ellas ocupe necesariamente la dirección, subrayaron la necesidad de un proceso “transparente, justificado y apegado al Estatuto Universitario”.
Argüelles sostuvo que la transparencia no se acredita con filtraciones a la prensa y que el reglamento establece requisitos puntuales —como el perfil docente de Investigación I— que no está claro si los integrantes de la terna cumplen.
También recordó que la autonomía universitaria no exime a las autoridades de respetar principios constitucionales y de derechos humanos.
Las académicas también denunciaron la exigencia informal de una carta de la Secretaría de la Función Pública para acreditar que las y los aspirantes no ocupan cargos públicos, requisito que no estaba contemplado en la convocatoria.
Tristán afirmó que todos los profesores de tiempo completo cuentan con las condiciones para acreditar no desempeñar funciones paralelas, y cuestionó por qué únicamente quienes quedaron en la terna habrían recibido esa certificación.
Otra preocupación planteada es que dos de las tres personas seleccionadas pertenecen al propio Consejo Técnico Consultivo: el director interino Jesús Javier Delgado Sam y la profesora Georgina González Cázares.
Las académicas señalaron que esto pone en entredicho la imparcialidad del proceso, especialmente luego de que ellas fueron excluidas de reuniones previas en las que se discutió la aplicación de la convocatoria.
Argüelles añadió que el breve plazo entre la integración de la terna y la sesión del CDU impide ejercer recursos jurídicos efectivos, ya que ni siquiera han recibido notificación formal para impugnar. No obstante, recurrirán a los mecanismos legales disponibles.
“Dependemos de lo que mañana decidan ellas y ellos”, dijo, y llamó al máximo órgano universitario a revisar la validez del proceso y atender los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso.
Las académicas insistieron en que sus observaciones no buscan promover intereses personales, sino garantizar una elección válida y con el mejor perfil posible para la dirección de la Facultad.
“Solo queremos trabajar de la mano con nuestros estudiantes”, concluyó Tristán, al reiterar que la universidad que buscan “no se construye mediante estas prácticas”.
