Desiree Madrid
La solicitud para que se interponga una acción de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de inteligencia artificial en San Luis Potosí colocó el tema en el centro del debate público, al advertirse posibles riesgos legales y sociales derivados de su aplicación. La discusión surge luego de que se pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revisar el contenido de la norma, bajo el argumento de que podría afectar derechos y generar incertidumbre entre la población.
Al ser cuestionado sobre esta acción, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que la postura del Estado es impulsar la regulación de este tipo de tecnologías, aunque aclaró que la iniciativa no fue presentada por el Poder Ejecutivo. “La verdad es que nosotros como Estado lo que buscamos es impulsar, respaldar”, expresó, al tiempo que precisó que la reforma “no fue idea del Ejecutivo, sino del propio Legislativo”.
El funcionario señaló que, desde su perspectiva, la regulación de la inteligencia artificial responde a una necesidad actual, debido a su impacto en la vida pública. “Al final del día lo que se busca es regular todo lo que hoy en día mueve al mundo, como es la inteligencia artificial”, sostuvo, y añadió que San Luis Potosí ha sido una de las entidades que ha intentado adelantarse en este tema al incorporar disposiciones legales sobre estas tecnologías.
Respecto a la acción de inconstitucionalidad, Torres Sánchez consideró que no debe verse como un conflicto entre poderes. “El que se haya interpuesto algún medio de defensa como el que mencionas, pues no lo vemos mal”, dijo, al señalar que el proceso forma parte del trabajo institucional y de la corresponsabilidad entre los distintos poderes del Estado.
En ese sentido, explicó que será el Poder Judicial el que determine el rumbo de la reforma. “Con un análisis del Poder Judicial se va a poder evaluar si hay que mejorar algunas circunstancias de esa norma o, en su caso, se avala por ser correcta”, indicó, dejando abierta la posibilidad de que el marco legal sea modificado si así se considera necesario.
Torres Sánchez insistió en que cualquier resolución contribuirá al fortalecimiento del marco institucional. “La definición que tome bajo ninguna condición está mal, al contrario, enriquece la obligación que tiene el Estado”, afirmó al referirse a la responsabilidad compartida entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial para incorporar, desde ahora, el uso de nuevas tecnologías en el ámbito legislativo.
El pronunciamiento del funcionario se da en medio de los señalamientos que motivaron la petición dirigida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que analice la constitucionalidad de la reforma. Mientras tanto, el debate sobre los alcances y riesgos de la regulación de la inteligencia artificial permanece abierto en San Luis Potosí, a la espera de que las instancias correspondientes determinen si la norma se mantiene, se ajusta o se invalida.
