Por Victoriano Martínez
La disputa por el predio La Tiendita, de más de 20 hectáreas en la Comunidad de San Juan de Guadalupe fuera del polígono del Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, está lejos de representar un intento de urbanización con daños ambientales, pero, por la forma en que se han movido los distintos actores, sus efectos repercutirán en la consolidación de la ANP.
Desde que la familia Abud intentó urbanizar ese terreno, la resistencia de los comuneros fue un obstáculo insalvable, por lo que ahora que el predio fue adquirido por el Grupo Desarrollador Cima no es de extrañar la oposición que vuelven a exhibir, incluso con posturas en las que coinciden grupos antagónicos dentro de la Comunidad.
La movilización de comuneros de hace dos semanas para impedir que la maquinaria de los presuntos nuevos propietarios comenzara a trabajar sobre el predio para desarrollar el fraccionamiento Privadas Parque Real contó con mayor participación de personas ajenas al grupo comunal que ha promovido y defendido el ANP de la Sierra de San Miguelito.
Una movilización en la que no se vieron viejos comuneros de los que se autodenominan en resistencia, por lo que sorprendió que la empresa, a través de su abogado Gustavo Barrera López, iniciara acciones de carácter penal en contra de tres adultos mayores claramente identificados como defensores de la Sierra de San Miguelito y de uno de sus abogados.
La Fiscalía General del Estado emitió el 22 de julio cuatro citatorios para que los comuneros Virginia Trujillo Valenzuela, Cipriano de la Rosa Bravo y Noe de la Rosa Bravo, y el activista Carlos Covarrubias Rendón, se presentaran el 2 de agosto a las 12:00 horas en el Centro de Métodos Alternos de Solución de Controversias a una sesión de conciliación.
Por inverosímil coincidencia, la Procuraduría Urbana emitió el mismo 22 de julio una invitación a los mismos comuneros para que acudieran a esa dependencia a conocer una queja prácticamente por los mismos hechos de caso penal. Acudieron a ésta y solicitaron el diferimiento de la sesión de conciliación en la Fiscalía.
Que la acción, con apariencia de haber sido orquestada, se haya enfocado en personas plenamente identificadas con los Guardianes de la Sierra de San Miguelito es el primer elemento que apunta a las repercusiones que la disputa por La Tiendita representa para la consolidación de la ANP: los Guardianes la identifican como una acción de represalia.
Con esa idea, los Guardianes han comenzado a reportar esas acciones en su contra como una represalia con la que se les pretende distraer de la labor que realizan para la elaboración del Plan de Manejo de la ANP Sierra de San Miguelito y como forma de escarmiento para disponer de terrenos de la Comunidad de San Juan de Guadalupe fuera del área protegida.
María Luisa Albores González, titular de SEMARNAT, y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, ya hicieron público su respaldo a los Guardianes, en tanto que este martes en la Procuraduría Urbana, Covarrubias Rendón advirtió sobre las posibles acciones desde la Federación.
“La postura del gobierno federal, de lo que nosotros hemos recibido como mensaje, es que el presidente de la República está atento, atento de la seguridad de los Guardines y del movimiento”, dijo, “no lo quieren creer, pues entonces esperen las acciones que va a llevar a cabo el gobierno federal para proteger la integridad, la seguridad y de la vida de los compañeros”.
Los objetivos de las acciones legales por parte del fraccionador en la disputa por La Tiendita para someter a los comuneros y abrir la posibilidad de apropiarse de parte de su territorio, desde la perspectiva de los Guardianes de la Sierra –y así lo mostraron en la movilización de este martes– les abre la opción de lanzar una nueva convocatoria con mayor efectividad para la defensa del ANP.
Prácticamente les dieron un motivo para el relanzamiento de una campaña de defensa de la Sierra de San Miguelito, a la que este martes se unieron los ejidatarios de La Pila y de Valle Umbroso, quienes también enfrentan embates contra sus territorios por parte de proyectos empresariales depredadores.
Un relanzamiento que incluirá replicar la colecta de firmas que se dio en mayo de 2019 en contra de urbanizar la Sierra de San Miguelito.
Ahora se han puesto una meta mucho mayor: recabar 50 mil firmas para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, que se declare como un asunto de seguridad nacional, respecto a la protección del agua, el medio ambiente y evitar la alteración del ecosistema y disminuir el riesgo de propagar enfermedades emergentes.
