Desiree Madrid
La creación de una Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad en el Gobierno del Estado abre una puerta que durante años permaneció cerrada, aunque para quienes han empujado el tema desde la sociedad civil el anuncio no apareció de la nada.
Catalina Torres, activista por los derechos de las personas con discapacidad, lo resume con una frase que apunta directo al problema de fondo:
“Tradicionalmente se ha visto a las personas con discapacidad como objetos de caridad o como objetos de salud… no como sujetos de derechos”.
Durante décadas la atención institucional se ha centrado en la asistencia o el enfoque médico, dejando en segundo plano la posibilidad de que las personas con discapacidad ejerzan derechos básicos en igualdad de condiciones. Educación, empleo, esparcimiento o la capacidad de tomar decisiones propias siguen siendo espacios donde la exclusión se vuelve cotidiana.
“Las personas con discapacidad siempre han sido vistas como personas de segunda clase, y entonces se les están negadas muchas cosas”, señala Torres.
Habla desde la experiencia directa con otras personas que, pese a contar con estudios profesionales, no logran integrarse al mercado laboral por obstáculos que poco tienen que ver con su preparación. En muchos casos, dice, el primer problema aparece antes de llegar al trabajo: simplemente salir de casa.
A su juicio, el punto crítico está en el entorno social y urbano. Rampas inexistentes, transporte inaccesible, edificios sin adecuaciones o servicios públicos que nunca consideraron a este sector terminan por cerrar posibilidades.
“El problema no son ellas, el problema es el entorno que no les permite desarrollarse y poder tener un trabajo en igualdad de condiciones”, explica.
Desde esa perspectiva, la nueva coordinación puede significar un primer paso, aunque no necesariamente el destino final. Torres recuerda que desde hace años organizaciones y activistas habían planteado la necesidad de una institución más robusta.
“Nosotros lo que queríamos era un instituto de personas con discapacidad, pero creo que lo que tenemos ahorita es muy bueno para comenzar”, comenta.
El reto inmediato, dice, será algo que rara vez ocurre en la práctica gubernamental: lograr que distintas dependencias integren el tema en sus políticas. La discusión no debería limitarse a programas asistenciales, sino revisar cómo cada secretaría incorpora o ignora a las personas con discapacidad en su diseño institucional.
Para ilustrarlo menciona casos concretos; en algunos espacios de capacitación laboral ni siquiera existen condiciones mínimas para que personas sordas puedan participar.
“Yo recuerdo, por ejemplo, el Instituto de Capacitación Helical… no tienen cursos que puedan tomar las personas sordas porque no tienen intérpretes de lengua de señas. Así de sencillo”, relata.
La situación no se limita a un área, ya que Torres señala que en materia laboral el aparato institucional es mínimo.
“La Secretaría del Trabajo tiene a una persona para atender a todo el estado”, afirma.
En esas condiciones resulta prácticamente imposible dar seguimiento a casos, generar programas efectivos o incluso operar como una verdadera agencia de colocación laboral. Aun con esas limitaciones, la activista considera que la creación de la coordinación es resultado de años de presión social.
“Es un gran avance, pero también me gustaría decirlo: es un avance que conquistamos nosotros, la sociedad civil”, señala.
De acuerdo con su explicación, el origen se encuentra en el proceso de consulta del Plan Estatal de Desarrollo, proceso que tampoco ocurrió de manera automática. Ella, en conjunto con organizaciones, promovieron un amparo para que la consulta a personas con discapacidad se realizara conforme a estándares adecuados.
“Nosotros ganamos un amparo para que se hiciera la consulta de manera correcta”.
Posteriormente se realizaron ejercicios en los municipios del estado y de ahí surgieron líneas de acción que terminaron incorporándose al plan mediante una corrección o adendum.
Entre esas líneas apareció precisamente la creación de una instancia que diera seguimiento a las propuestas surgidas de la consulta. Para Torres, el siguiente paso será vigilar que esa estructura realmente funcione y no quede como una figura simbólica dentro de la administración pública.
Por ahora, dice, la comunidad mantiene una postura de acompañamiento crítico. Aunque no existe una relación directa con la persona designada al frente de la nueva unidad —a quien identifica como Libertad—, sostiene que existe disposición para colaborar.
“Tiene todo el apoyo de la comunidad de personas con discapacidad”, afirma.
El objetivo, subraya, va más allá de respaldar a una persona en el cargo, lo que buscan es que el tema quede instalado dentro de la política pública de manera permanente.
“Nos interesa más que todo esto se vaya haciendo política pública, más que una persona o una figura”, dice.
El tiempo también pesa en la ecuación, pues el actual sexenio está cerca de concluir y muchos de los cambios estructurales apenas comienzan. Aun así, Torres sostiene que el proceso no depende de un solo gobierno.
“Ha sido un camino largo… y nosotros seguimos aquí y seguimos para otro sexenio, y mientras las fuerzas sigan, pues ahí estamos”, concluye.
