Fernanda Durán
Activistas y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a reunir firmas para cuestionar la rapidez con la que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resolvió la queja del diputado Héctor Serrano Cortés contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, frente a los expedientes de otras víctimas que, según denunciaron, permanecen sin respuesta desde hace años.
En un pronunciamiento fechado este lunes 19 de octubre, titulado Los derechos humanos no son un privilegio del poder, las personas promoventes expresaron su inconformidad con la recomendación 10/2026, emitida el pasado 9 de octubre, mediante la cual el organismo reconoció violaciones a los derechos del legislador por declaraciones del rector relacionadas con su origen y formación académica.
El documento, para el que se continúan recabando adhesiones, sostiene que el cuestionamiento no busca defender a Zermeño Guerra ni negar que cualquier persona pueda sufrir una vulneración a sus derechos, sino:
“Lo que nos convoca es algo más grave: las prioridades, la independencia y la credibilidad del organismo que tiene el deber de proteger a quienes no tienen voz ni poder”.
Las organizaciones señalaron que mientras permanecen sin resolver desde hace años quejas por desapariciones, violencia contra las mujeres, tortura, abusos policiales, discriminación y vulneraciones a los derechos de personas con discapacidad, migrantes y pacientes sin atención médica, la CEDH dedicó una de sus diez recomendaciones de 2026 a un diputado con recursos públicos y acceso a medios para defenderse.
La queja de Serrano Cortés fue presentada el 6 de abril y resuelta el 9 de octubre, poco más de seis meses después, al determinarse que las declaraciones del rector vulneraron sus derechos a la igualdad, no discriminación y trato digno.
Entre las medidas recomendadas se encuentran una disculpa pública, una investigación por parte de las instancias universitarias correspondientes y las gestiones para incorporar al legislador al Registro Estatal de Víctimas.
Este último punto también fue cuestionado por las organizaciones, al considerar que debe revisarse la proporcionalidad de las medidas frente a las necesidades de personas que han sufrido afectaciones graves a sus derechos.
“Ser víctima no es un trofeo político”, expresaron en el documento, donde sostuvieron que el registro debe conservar su propósito de facilitar atención, acompañamiento y reparación integral.
Los activistas también hicieron alusión a la llamada Ley Serrano, impulsada por el diputado y derogada en julio de 2026 tras las protestas de periodistas y organizaciones civiles. Cuestionaron que quien promovió una reforma que, señalaron, inhibía la crítica, ahora reciba el respaldo de la CEDH por expresiones en su contra, pese a que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio.
Ante esta situación, solicitaron que la CEDH publique el número de quejas pendientes, su antigüedad y los criterios utilizados para determinar cuáles expedientes se atienden primero.
También exigieron dar prioridad a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad y a los asuntos de mayor antigüedad, así como una revisión del uso del Registro Estatal de Víctimas.
Finalmente, pidieron la intervención del Consejo Consultivo de la Comisión para que se pronuncie sobre la recomendación y examine la actuación del organismo desde los principios de autonomía e imparcialidad.
“Una Comisión que se apresura para el poderoso y hace esperar a las víctimas no protege derechos: los jerarquiza”, concluye el pronunciamiento.
Serrano pedirá explicaciones a la presidenta de la CEDH
Cuestionado este lunes 19 de octubre, Héctor Serrano Cortés sostuvo que corresponde a la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, explicar por qué algunas quejas permanecen pendientes mientras otras, como la suya, ya fueron resueltas. Afirmó que abordará directamente el tema durante la próxima comparecencia de la funcionaria ante el Congreso del Estado.
“Yo no estoy de acuerdo en que pareciera selectivo. Si algo es totalmente denostable es la justicia selectiva en cualquier presentación”.
El diputado aseguró que la resolución favorable a su caso no significa que esté satisfecho con la atención que reciben otras víctimas y defendió su derecho a presentar quejas como cualquier ciudadano.
“No me quedo de ninguna forma satisfecho porque hay una respuesta que atienda a mi derecho, ni mucho menos por mi posición como diputado”.
De esta manera, el diputado se comprometió a cuestionar a Argüelles Moreno sobre la falta de resolución de otros expedientes, aunque no precisó cuáles casos planteará ni las cifras de rezago que solicitará aclarar.
Insistirá en el cumplimiento de la recomendación contra el rector
Pese a reconocer los cuestionamientos sobre los tiempos de atención de la CEDH, Serrano Cortés defendió la resolución emitida a su favor y aseguró que el procedimiento se desarrolló conforme a la normatividad.
Respecto a la postura del rector Alejandro Zermeño Guerra, quien anteriormente declaró que aún no conocía el documento y que solicitaría asesoría jurídica dentro de la universidad antes de decidir cómo proceder, el diputado señaló que debe respetarse el tiempo correspondiente para su revisión.
Sin embargo, advirtió que existen otras vías “de orden nacional e internacional” para exigir la protección de sus derechos si la recomendación no se cumple.
“Me da mucho gusto que se haya podido resolver a este nivel y evidentemente pues esperemos que se cumpla a cabalidad y yo voy a insistir hasta que se cumpla”.
