Fernanda Durán
A casi un año del asesinato de la perrita Hope, colectivos y asociaciones protectoras de animales entregaron al Congreso del Estado más de 17 mil firmas ciudadanas para respaldar la iniciativa conocida como Ley Hope, una propuesta que busca endurecer las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
La documentación fue recibida por los diputados Leticia Vázquez Hernández y Luis Felipe Castro Barrón, integrantes de la Comisión Primera de Justicia, ante quienes los colectivos expusieron el respaldo social que ha generado la propuesta impulsada por organizaciones animalistas.
De acuerdo con Karla García Tello, representante de la asociación Huella Amiga, la recolección de apoyos se realizó tanto de forma presencial como digital. En total, se reunieron 10 mil 500 firmas autógrafas recabadas directamente entre la ciudadanía y 6 mil 200 apoyos adicionales a través de la plataforma Change.org.
Las organizaciones señalaron que la campaña busca demostrar que la exigencia de castigos más severos contra quienes ejercen violencia hacia los animales no proviene únicamente de colectivos especializados, sino que refleja una preocupación compartida por distintos sectores de la sociedad.
La iniciativa plantea incrementar las penas de prisión en los casos más graves de maltrato animal de cuatro a ocho años, además de incorporar diversas circunstancias agravantes que podrían aumentar las sanciones hasta en un 50 por ciento.
Entre los supuestos que agravarían las penas se incluyen actos de zoofilia, violencia extrema o sadismo, la grabación y difusión del maltrato en redes sociales, la comisión del delito frente a menores de edad o que sea perpetrado por servidores públicos.
Las activistas explicaron que al elevarse las penas por encima de los cinco años, los responsables ya no podrían acceder a salidas alternas como la reparación del daño, un mecanismo que actualmente permite que muchos casos se resuelvan mediante pagos económicos.
“El Código Penal establece que cuando las sanciones son iguales o menores a cinco años alcanzan la salida alterna a través de la reparación del daño”, por ello explicaron que en casos de maltrato animal el agresor puede cubrir gastos mínimos y evitar sanciones mayores: “la cremación es de 2 mil, 3 mil pesos, te los pago y salgo libre”.
La propuesta surge, entre otros antecedentes, a raíz del caso de Hope, una perrita asesinada con violencia en abril del año pasado.
“Nosotros quisiéramos que esto fuera antes, para que al menos ya tenga voz”, señalaron activistas durante la presentación de la iniciativa.
Por su parte, la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, confirmó que la iniciativa se encuentra en análisis. No obstante, el dictamen deberá considerar criterios jurídicos de proporcionalidad penal.
“Las leyes penales no pueden tener penas desproporcionadas; tenemos un test de proporcionalidad que tenemos que respetar (…); sin embargo vamos hasta donde sea posible ayudar para que esas conductas se queden sancionadas”.
