Fernanda Durán
El Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí admitió a trámite un juicio de amparo indirecto en contra del Congreso del Estado por la presunta omisión legislativa en el cumplimiento de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionadas con la realización de consultas a personas con discapacidad y pueblos indígenas.
El recurso fue promovido por integrantes de la organización Cambio de Ruta, quienes señalaron la falta de cumplimiento de resoluciones emitidas por el máximo tribunal en materia de derechos humanos.
De acuerdo con el expediente 526/2026, el acto reclamado consiste en la omisión de realizar consultas previas y de emitir la legislación correspondiente en temas de educación inclusiva y participación política.
El órgano jurisdiccional determinó no desechar la demanda y, en cambio, requirió al Congreso del Estado para que rinda un informe dentro de un plazo de 15 días en el que deberá presentar las constancias que acrediten avances en el cumplimiento de estas obligaciones.
El amparo se vincula con la acción de inconstitucionalidad 67/2023, en la que la SCJN invalidó disposiciones de la Ley de Educación del Estado por falta de consulta a personas con discapacidad, así como con la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, relacionadas con la reforma electoral aprobada sin consulta previa a pueblos y comunidades indígenas.
En ambos casos, la Corte ordenó al Congreso del Estado realizar consultas previas, libres e informadas, además de emitir la legislación correspondiente; sin embargo, los plazos establecidos han transcurrido sin que se concrete el cumplimiento total.
Como parte del proceso, se fijó el 14 de mayo de 2026 como fecha para la audiencia constitucional, mientras que la audiencia incidental fue programada para el 22 de abril.
La admisión del amparo abre una nueva vía de control judicial sobre el actuar del Congreso del Estado, en un contexto en el que persisten pendientes en materia de consultas obligatorias y armonización legislativa derivada de sentencias de la Suprema Corte.
Por su parte, el integrante de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, declaró este jueves que el Congreso ha cumplido con los requerimientos iniciales y que se encuentra a la espera de definiciones por parte de la Suprema Corte.
“Cumplimos en tiempo y forma con lo que habíamos comprometido en esa etapa con la Corte (…) estamos en espera de la respuesta por parte de la Corte para que nos indique cuál es el siguiente paso”.
El legislador afirmó que el proceso de consulta, particularmente en materia indígena, implica procedimientos “largos y complejos”, además de limitaciones presupuestales que impiden solicitar ampliaciones, por lo que planteó que una posible salida dependerá de la orientación que emita el propio tribunal.
