Fernanda Durán
Activistas y representantes de colectivos trans y no binarios entregaron este miércoles una iniciativa ciudadana en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la cual busca reformar diversas leyes locales para establecer medidas de acción afirmativa y un porcentaje mínimo de inclusión laboral en la administración pública potosina.
La propuesta fue presentada por Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, Julie Carrillo Saucedo, Adrián Barrios Muñoz, Jesús Paul Ibarra Collazo y Francisco Olvera Herrera, quienes plantearon modificaciones a la Ley de Educación, la Ley para el Ejercicio de las Profesiones, la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
En entrevista, Adrián Barrios Muñoz, persona activista no binaria, explicó que la propuesta es resultado de un trabajo que se ha impulsado desde hace varios años.
“La iniciativa es algo que se ha venido trabajando desde hace varios años, que busca la inclusión laboral de las personas trans y no binarias en el estado de San Luis Potosí dentro de la administración pública y dentro de otros espacios, para que se garantice ahora sí que el derecho laboral y digno para las personas trans”, señaló.
Barrios recordó que la propuesta ha contado con la participación de diversas activistas como Irasami Portillo y Vanessa Hernández, quienes en legislaturas anteriores impulsaron mesas de trabajo y presentaciones similares que no prosperaron.
“Creo que esta iniciativa ya tiene desde hace cuatro años que se está trabajando y se ha buscado un acompañamiento con diputados y diputadas, para obviamente que se concrete la aprobación”, subrayó.
La iniciativa contempla que el Estado adopte medidas de acción positiva y que, de manera progresiva, al menos el 3 por ciento de las plazas de ingreso anual en la administración pública sean destinadas a la contratación de personas trans y no binarias, mediante procesos de selección públicos, transparentes e incluyentes.
Además, incluye el derecho a la rectificación de datos laborales en expedientes, nóminas, credenciales y registros administrativos sin requisitos médicos ni condicionamientos invasivos; la obligación de las entidades públicas y sindicatos de incorporar medidas de inclusión en sus condiciones de trabajo; y protocolos de atención y capacitación obligatoria en materia de diversidad sexual y no discriminación.
En materia educativa, la reforma prevé un procedimiento ágil y gratuito para la corrección de certificados, títulos o grados académicos cuando la persona haya realizado un cambio de nombre y género reconocido legalmente. También se adiciona a la Ley de Profesiones la obligación de realizar rectificaciones rápidas y administrativas de cédulas profesionales.
El impulso por establecer cuotas laborales para personas trans en San Luis Potosí no es nuevo. En 2022, colectivos y activistas ya habían presentado una iniciativa con planteamientos similares, la cual fue desechada en comisiones sin llegar al Pleno.
En 2023, el entonces diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostuvo que definir un 3 por ciento de la plantilla laboral del Gobierno del Estado para personas trans resultaría “inoperante”, ya que abriría la puerta a que otros grupos sociales o comunidades reclamaran también un porcentaje, hasta topar el 100 por ciento de la plantilla.
Argumentó que la legislación ya establece la obligación de no discriminar, y que lo fundamental debería ser garantizar que el acceso, permanencia y crecimiento en los espacios laborales se basen en capacidad, experiencia y habilidades, advirtiendo además que, de acuerdo con opiniones consultadas a la CEDH y a la CNDH, la imposición de cuotas fijas podría “tergiversar el objetivo” de la inclusión.
Durante 2025, organizaciones de la diversidad sexual reiteraron la exigencia en foros y mesas de trabajo ante el rezago legislativo en la materia.
Con la entrega de esta nueva propuesta en la LXIV Legislatura, los colectivos esperan que el Congreso retome el debate y avance en la aprobación de medidas afirmativas que permitan garantizar la inclusión laboral y el reconocimiento pleno de derechos para las personas trans y no binarias en la entidad.
