Fernanda Durán
Aunque el impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera se mantiene formalmente sin cambios en la Ley de Hacienda, el nuevo acuerdo de estímulos fiscales modifica los rangos de emisiones que determinan cuánto paga cada empresa, lo que en la práctica reduce la carga fiscal para quienes emiten mayores volúmenes de gases contaminantes.
Este ajuste fue publicado por el Gobierno del Estado como parte del acuerdo que aplicará durante 2026 a este gravamen, el cual entró en vigor apenas en 2025 tras varios aplazamientos y ajustes legislativos.
De acuerdo con la Ley de Hacienda estatal, el impuesto ambiental se calcula a partir de una regla general: todas las emisiones se convierten a toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂) y se les aplica una cuota base de tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) por tonelada.
La conversión toma en cuenta distintos gases de efecto invernadero como metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos, a los que se asignan factores específicos según su impacto climático. Una vez sumadas las emisiones totales del contribuyente, esa cantidad es la base del impuesto.
Sin embargo, la propia ley permite que el Poder Ejecutivo otorgue estímulos fiscales mediante acuerdos administrativos. Estos estímulos no cambian la base del impuesto, sino que reducen la cuota de tres UMAs por tonelada a una cuota menor, dependiendo del volumen total de emisiones anuales de cada empresa.
El esquema no es progresivo ni por tramos, es decir, no se cobra una tarifa distinta por cada bloque de toneladas, sino una sola cuota para todas las emisiones, determinada por el rango en el que se ubique el contribuyente.
En el acuerdo para 2025, las empresas que emitían entre 26 y 100 mil toneladas de CO₂ equivalente pagaban el impuesto con una cuota reducida de una UMA por tonelada; quienes emitían más de un millón de toneladas accedían a la cuota mínima, que era de 0.10 UMA por tonelada.
Para el vigente de 2026, estos rangos se modifican de manera significativa. Ahora, el acceso a las cuotas más bajas ocurre con menores volúmenes de emisión y la reducción es mayor: las empresas que superen las 500 mil toneladas pagarán el impuesto con una cuota de 0.05 UMA por tonelada, la mitad de lo que se aplicaba en el rango máximo el año anterior.
Los rangos del nuevo acuerdo implican que una empresa que en 2025 pagaba todo su impuesto a 1 UMA por tonelada, por emitir alrededor de 60 mil toneladas de CO₂ equivalente, en 2026 podría pagar todo el impuesto a 0.5 UMA, sin haber reducido necesariamente sus emisiones. De igual forma, empresas con emisiones medias o altas acceden más rápido a los beneficios fiscales, lo que reduce de manera importante el monto final a pagar.
El acuerdo mantiene otros estímulos ya existentes, como la exención total del impuesto para empresas de nueva creación durante su primer año de operaciones, así como para aquellas cuyas emisiones no superen las 25 toneladas mensuales de CO₂ equivalente.
También continúa el descuento adicional del 30 por ciento para empresas que cuenten con certificados vigentes de Industria Limpia o de Empresa Socialmente Responsable. En todos los casos, los contribuyentes deben seguir presentando declaraciones mensuales y anuales, aun cuando no tengan impuesto a pagar.
En un primer escenario, una empresa mediana que emite alrededor de 40 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente durante 2026 pagaría, sin estímulo fiscal, un impuesto calculado con la cuota base de tres UMA por tonelada, lo que representa 120 mil UMA; tomando como referencia una estimación de 117.60 pesos por UMA, el monto total ascendería aproximadamente a 14.1 millones de pesos.
Con la aplicación del estímulo fiscal previsto para el rango de 26 a 50 mil toneladas, la cuota se reduce a 1 UMA por tonelada, por lo que el impuesto a pagar sería de 40 mil UMA, equivalentes a alrededor de 4.7 millones de pesos, lo que representa un ahorro fiscal cercano a 9.4 millones de pesos.
En un segundo escenario, una empresa de gran escala con emisiones de 600 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2026 tendría, sin estímulos, una carga fiscal de 1 millón 800 mil UMA, que en pesos equivale aproximadamente a 211.6 millones de pesos.
Sin embargo, al ubicarse en el rango de más de 500 mil toneladas, el acuerdo de estímulos permite reducir la cuota a 0.05 UMA por tonelada, lo que implica que el impuesto se calcule sobre 30 mil UMA, es decir, cerca de 3.5 millones de pesos, generando un ahorro fiscal aproximado de 208.1 millones de pesos.
Los montos en pesos son estimaciones realizadas con base en una proyección del valor de la UMA para 2026, ya que el INEGI aún no ha publicado el valor oficial que regirá para este ejercicio fiscal.
Aunque el impuesto ambiental fue creado con el objetivo de prevenir y remediar el deterioro ambiental, así como de incentivar el uso de tecnologías limpias, el rediseño de los estímulos para 2026 muestra una tendencia a suavizar su impacto económico, especialmente en los sectores industriales de mayor escala.
