Fernanda Durán
Aunque se tenía prevista su votación para este periodo extraordinario de sesiones, el Congreso del Estado de San Luis Potosí mantiene en análisis los últimos detalles de la iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial, enviada por el propio Poder Judicial como parte de la reestructura institucional derivada de la reforma constitucional.
Lo anterior según lo informado por la diputada Jessica Gabriela López Torres, quien mencionó que aún se revisan cerca de diez artículos cuya redacción debe modificarse para evitar inconsistencias con la Constitución del Estado.
De acuerdo con la legisladora, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, durante el proceso de dictaminación se detectaron elementos que requerían no solo ajustes de forma, sino también de fondo, con el propósito de prevenir futuras reformas que pudieran derivarse de ambigüedades o vacíos legales. Actualmente, el proyecto presenta un avance de aproximadamente 90 por ciento.
La aprobación definitiva de la ley debe concretarse antes del 15 de septiembre, fecha en la que está prevista la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, por lo que se espera que el Congreso convoque a un periodo extraordinario en los primeros días de septiembre para someter el dictamen al Pleno.
López Torres señaló que la entrada en vigor de esta legislación marcará un punto de inflexión en el diseño institucional del sistema de justicia en el estado. Sin embargo, también se requerirán modificaciones complementarias en las normas internas del propio Poder Legislativo.
En ese sentido, mencionó que la Comisión Segunda de Justicia ya no tendrá atribuciones para dictaminar perfiles de aspirantes a magistraturas, por lo que el reglamento interno del Congreso deberá actualizarse, ya que en la descripción de creación de la comisión así lo establecía antes de la elección popular, cuando los perfiles eran enviados en ternas propuestas por el ejecutivo.
La diputada estimó que el dictamen podría estar listo para ser votado a finales de agosto o, en su caso, durante los primeros días de septiembre. Se trata de un esfuerzo técnico y legislativo que pretende no solo cumplir con los plazos constitucionales, sino garantizar la eficacia y coherencia del nuevo entramado legal del Poder Judicial potosino.
