Carlos Rubio

Nuevamente las víctimas de San Luis Potosí se vieron forzadas a regresar a la Ciudad de México para manifestarse y exigir justicia a las autoridades federales, luego de ser ignoradas por las autoridades potosinas. Se trata del Marcela Alemán y Roberto Cuello, los padres de Lía, y Silvia Castillo, madre de Alan.

En una serie de videos hechos llegar a Astrolabio Diario Digital por parte de las víctimas, se puede apreciar que durante el mediodía de este jueves, Silvia Castillo, Marcela Alemán y Roberto Cuello han bloqueado la avenida Paseo de la Reforma, una de las principales vías de tránsito vehicular de la Ciudad de México.

Marcela carga un cartel en el que hace un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ejercer justicia por su hija Lía, abusada sexualmente en un kínder de Rioverde; Silvia se encuentra desnuda cubriéndose únicamente con una manta con la fotografía de su hijo en la que exige justicia por su hijo asesinado.

Cabe recordar que estas son las tres personas que se encargaron de tomar las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cuales hoy continúan ocupadas por diversos colectivos feministas.

Según lo comentado anteriormente por las víctimas a este medio, habían llegado a un acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, para que las autoridades de San Luis Potosí las atendieran en sus respectivos casos.

En uno de los videos se escucha a Roberto Cuello decir: “Al no hacernos caso, aquí estamos nuevamente (…) no nos vamos a ir de aquí hasta que nos reciba Olga Sánchez Cordero y la maestra Rosario Piedra y que digan qué han hecho”.

Por otro lado, Marcela comenta en una segunda grabación: “Seguimos buscando justicia para nuestros hijos. Queremos justicia, no queremos dinero. Ya basta”.

En los videos también se observa el arribo de varías patrullas y elementos de Seguridad Pública de la Ciudad de México para acordonar la zona.

Fue el pasado martes 3 de noviembre cuando Silvia Castillo acudió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a protestar por “promesas incumplidas de la CEEAV y Derechos Humanos”; le habían prometido pagar un investigador privado para que continuara investigando la muerte de su hijo, sin embargo, las autoridades rompieron el acuerdo y forzaron a la víctima a regresar a la Ciudad de México en busca de apoyo.