Por Samuel Estrada
El alcalde y funcionarios de Soledad de Graciano Sánchez podrían alcanzar penas de hasta cinco años de prisión, según Aaron Castro Sánchez, Subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), porque en el ramo penal fueron denunciados por el empresario dueño de la propiedad destruida para la ampliación de la calle Acapulco.
Explicó que la denuncia fue interpuesta por la presunta comisión de los delitos de despojo, abuso de autoridad y uso indebido de las funciones públicas, delitos que de acreditarse podrían representar de uno a cinco años de prisión contra los responsables.
Refirió que el caso ya se está tratando dentro del nuevo sistema de justicia penal, por lo que el ministerio público tendrá que sustentar la comisión del delito de parte del alcalde y funcionarios soledenses, y después turnarlo al poder judicial para que se vincule a proceso a los funcionarios responsables.
Señaló que actualmente aunque ya hay un amparo de la justicia federal, esto no altera el procedimiento en el orden local, por lo cual ya se están reuniendo todas las pruebas que puedan sustentar la denuncia del afectado.
Finalmente manifestó que en su momento se puede hacer el ajuste y el caso se turnaría a la mesa especializada en materia de delitos de servidores públicos, asimismo detalló que de acuerdo al nuevo sistema la responsabilidad puede ser individual o colectiva, en este caso el ayuntamiento como ente social tendría varias personas por las que habría pasado esta acción de iniciar con la demolición de esta propiedad privada, que van desde el propio alcalde, los síndicos, director de obras públicas, personal jurídico del área, etcétera, que debieron advertir un acto ilícito en caso de así acreditarse.
