Desiree Madrid
La presidenta municipal de Zaragoza, Amada Zavala, aseguró que respalda a los habitantes del ejido Cerro Gordo en su defensa del cerro que da nombre a su comunidad, aunque reconoció que no ha intervenido directamente en el conflicto porque, dijo, se trata de un asunto que corresponde resolver al propio ejido. Las declaraciones se dieron luego de que los pobladores acudieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para solicitar ayuda en la defensa de su territorio.
El conflicto se originó por la intervención con explosivos del cerro emblemático del ejido, realizada por la empresa Hoganza S.A. de C.V. con el objetivo de explotarlo como banco de materiales para la construcción de un tramo del Libramiento Oriente. El pasado 4 de agosto, un grupo de pobladores acudió a las instalaciones del INAH en la capital potosina para presentar una denuncia por las detonaciones y solicitar un diagnóstico arqueológico que permita caracterizar, delimitar y proteger los bienes con potencial valor patrimonial localizados en el sitio, entre ellos vestigios prehispánicos que los habitantes han reportado en distintas ocasiones.
Zavala explicó que su falta de intervención directa se debe a que el ejido vendió previamente la propiedad donde se encuentra el cerro, por lo que, desde su perspectiva, el municipio no tiene injerencia en el conflicto.
“Tristemente el Ejido vendió esa propiedad. Desconozco por qué lo hayan hecho”, afirmó la edil.
De acuerdo con reportes previos de Astrolabio, la parcela que facilitó la venta del terreno quedó encubierta en un proceso de reconocimiento de solares durante una asamblea ejidal realizada en 2018, en la que el predio fue asignado a quien posteriormente negoció con la empresa constructora.
Pese a no haber intervenido de forma directa, Zavala insistió en que su postura es contra la destrucción del cerro, aunque señaló que actualmente se trata de una propiedad privada.
“Estoy a favor de los habitantes de Cerro Gordo. Estoy en contra de que se destruya. Pero tristemente ese cerro tiene un dueño. Es propiedad privada”, sostuvo la alcaldesa.
Como alternativa para evitar la destrucción del cerro, la edil dijo haber sugerido a los habitantes que dialoguen directamente con el ejido para buscar una compensación.
“Yo le sugerí a los habitantes de Cerro Gordo de que hablaran con el Ejido. Y que el Ejido, como había vendido el cerro, que ahora les diera otro terreno a cambio del cerro para que no lo fueran a destruir”, planteó.
La denuncia presentada ante el INAH se suma a otras gestiones que los habitantes y colectivos de defensa del territorio han realizado en las últimas semanas, entre ellas una reunión con el representante estatal de la Procuraduría Agraria y una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que derivaron en la clausura parcial y temporal de las obras de Hoganza S.A. de C.V. por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
Los colectivos han señalado que la autorización ambiental otorgada a la empresa es insuficiente, pues consideran que un proyecto de esta naturaleza requiere un permiso a nivel federal que evalúe también los impactos hídricos y ambientales de la obra.
Hasta el momento, la postura del municipio de Zaragoza se limita al respaldo verbal expresado por su presidenta municipal, sin que se haya confirmado alguna gestión formal del ayuntamiento ante las dependencias estatales o federales involucradas en el caso.
