Jaime Nava
Una nueva queja por “actos de discriminación y acoso laboral” fue presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, y los integrantes del Consejo de la Judicatura, Diana Isela Soria Hernández, Jesús Javier Delgado Sam y Carlos Alejandro Ponce Rodríguez.
La queja fue elaborada por el juez Julián Ruiz Contreras cuya “odisea”, cómo él la llama, comenzó cuando decidió dejar su cargo como Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a Matehuala dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal para regresar al “sistema tradicional” debido a la falta de apoyo del Consejo de la Judicatura para desempeñar adecuadamente sus funciones.
“En el desempeño de ese cargo tenía que trasladarme a celebrar audiencias a los municipios de Guadalcázar y Venado, porque es donde se ejerce jurisdicción; también a Rioverde y a la capital del estado, donde, como parte de la terna integrante, celebré dos juicios orales; sin embargo, como eran muy onerosos los viáticos a esos lugares, la mayoría de las veces pagaba de mi salario los gastos”, relató Julián Ruiz Contreras.
De acuerdo con el quejoso, Juan Paulo Almazán Cue se oponía a que regresara al “sistema tradicional” y a ello le atribuye el hecho de que el Consejo de la Judicatura le negara en varias ocasiones la autorización para abandonar su cargo como Juez de Control y de Juicio Oral y, por el contrario, le renovaban su nombramiento. “Violando flagrantemente mi derecho fundamental de libertad de trabajo […] Almazán Cue me obligaba a trabajar como Juez de Control y de Juicio Oral”, señaló.
De juzgado en juzgado
Finalmente, el 8 de agosto del 2017 el Consejo de la Judicatura ordenó “dejar sin efecto” su nombramiento como Juez de Control y lo adscribieron al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad del Maíz. En ese juzgado duró dos meses, pues mediante el oficio número 3660/2017 el 23 de octubre del 2017 se le notificó su cambio al Juzgado Primero Civil de Ciudad Valles.
En abril del 2018 le informaron que nuevamente su nombramiento estaba “sin efecto” y que tendría que trasladarse al Juzgado especializado en Justicia para Adolescentes, donde fungió como juez hasta septiembre de ese mismo año. Enseguida lo cambiaron al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. El 20 de enero del 2019 modificaron su adscripción al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad del Maíz donde, hasta la fecha, se mantiene.
Cinco cambios de adscripción en un año y medio. “Me he quedado atónito con este proceder del Consejo de la Judicatura en aceptar las propuestas del presidente Almazán Cue; cambios que no son normales pues además de ser un hecho notorio que induce un maltrato, resulta discriminatorio en mi persona”, expresó Julián Ruiz Contreras.
Su caso no es el único. Astrolabio Diario Digital dio cuenta de la existencia de otra queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de Juan Paulo Almazán Cue y los integrantes del Consejo de la Judicatura. En dicha queja se narran hechos similares como los constantes cambios de adscripción que son vistos por los quejosos como campañas de “persecución, maltrato, discriminación y acoso”.
Las consecuencias
Julián Ruiz Contreras asegura que la rotación arbitraria de jueces ha causado “daños irreparables” tanto en su persona como en la administración de justicia. “Me ha perjudicado en mi salario, ya que los viáticos de traslado, menaje de pertenencias, pago de rentas adelantadas del lugar destinado para vivir en esos distritos judiciales han dañado mi economía”, explica.
No obstante la afectación personal, Julián Ruiz Contreras estima que el daño mayor es el que se está ocasionando a la impartición de justicia porque cada vez que ordenan un cambio de adscripción se retrasan los trámites procesales y deben realizar una serie de trámites como es el emitir acuerdos de cambio y notificación a las partes, lo que provoca inconformidad entre los abogados.
“Es difícil para un juzgador conocer de inmediato todos los asuntos, en Ciudad del Maíz hay un promedio de 800 asuntos que no fácil se conocen, necesitamos tres o cuatro meses para empaparse de la problemática de cada asunto. Por expedir unas copias no quiere decir que ya conozca el asunto y por eso estos cambios han generado una situación problemática en la función importante de administrar justicia”, expuso.
Para sostener sus dichos, recordó que el año pasado la organización internacional World Justice Project colocó a San Luis Potosí una calificación de 0.39 en escala del 0 al 1 en el Índice de Estado de Derecho. Aunque ninguno de los 32 estado de la república logró obtener una calificación perfecta, nuestro estado ocupó la posición número 17 por debajo de Oaxaca, Colima, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, entre otros.
Julián Ruiz Contreras solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se implementen a su favor “las medidas precautorias de conservación y restitución que se hagan indispensables para la protección del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación […] solicitando a las autoridades responsables se tomen las medidas necesarias para evitar la producción de daños irreparables tanto en mi trabajo y entorno personales” porque dijo tener temor de que Juan Paulo Almazán Cue y los miembros del Consejo de la Judicatura tomen represalias en su contra.
