Abelardo Medellín

Una nueva denuncia administrativa fue presentada esta semana en contra del recién ratificado Juan Paulo Almazán Cué, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), a quien se acusó nuevamente de faltas correspondientes a usurpación de funciones, desdeñar denuncias en su contra, mentir al Pleno del Supremo Tribunal, acosar laboralmente a una trabajadora del Poder Judicial y dictar resoluciones en nombre del STJE, sin informar a sus compañeros magistrados.

Dicha queja administrativa fue presentada el pasado martes 29 de septiembre por Adriana Monter Guerrero, quien desde hace más de un año ha emprendido un proceso en contra de la resolución que la retiró de su cargo al interior del Poder Judicial, y que ahora ha encontrado nuevas pruebas que señalan al magistrado Juan Paulo Almazán como la persona que obstaculizó su búsqueda de justicia.

En el documento entregado por Monter Guerrero al Poder Judicial del Estado el pasado martes 29 de septiembre, la quejosa expone como, en el oficio No. C.J.4236/2018, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán, le informó de su nuevo nombramiento como secretaria de Estudio y Cuenta, puesto que desempeñaría a partir del 15 de noviembre del 2018, sin embargo el mismo magistrado, en oficios posteriores le exigió a Monter Guerrero que comprobara el concurso de oposición de donde derivó dicho nombramiento, a pesar de que la quejosa ya tenía base para ese cargo desde 2015, comprobada a través de los oficios que fueron entregados al anterior presidente del STJE y del Consejo de la Judicatura, Luis Fernando Gerardo González.

Tras la controversia, el Consejo de la Judicatura determinó en la sesión del 29 de enero del 2019, dejar sin efecto el nombramiento de Adriana Monter como secretaria de Estudio y Cuenta, a través del oficio No. C.J.285/2019, lo cual, de acuerdo con la afectada, sería una “arbitrariedad e ilegalidad”.

ALMAZÁN CUÉ: EL MAGISTRADO OMNIPOTENTE

Tras las determinación tomada por el Consejo de la Judicatura en 2019 y los abusos, irregularidades y arbitrariedades que se cometieron durante la presidencia de Juan Paulo Almazán en contra de Monter Guerrero, la afectada decidió presentar un escrito al Pleno del Supremo Tribunal el 5 de febrero del 2019, para pedir, en primer lugar, que se abriera una investigación administrativa o penal contra el servidor público que hubiera falseado o alterado el oficio 544 fechado al 18 de febrero del 2015 donde se comprobaba el nombramiento de Adriana Monter; en segundo lugar, que se informara al Supremo Tribunal, y este actuara en consecuencia de “el proceder ilegal POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO LABORAL que el magistrado presidente Juan Paulo Almazán Cué ha venido ejerciendo en mi contra”.

Ante dicho escrito, en el mismo día que la afectada envió su solicitud y queja, el Pleno del Supremo Tribunal informó a Monter Guerrero, a través del Oficio No. C.J.460/2018, que su asunto había sido deliberado y el acuerdo en común del cuerpo colegiado era que no se atenderían sus quejas.

Sin embargo, tal como lo menciona al final el oficio No. C.J.460/2018, quien responde y habla por todo el STJE es el presidente del mismo y del Consejo de la Judicatura en ese entonces, es decir Juan Paulo Almazán Cué, lo que prácticamente hace que el magistrado, en representación del Poder Judicial, negara una solicitud para que él mismo fuera investigado en un ejercicio donde no respetó el acceso a la justicia de la afectada.

La intromisión de Almazán Cué para responder al escrito de Adriana Monter en representación de lo acordado por el STJE, demostraría ser una falsedad y un atropello, cuando en la sesión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado del 14 de febrero del 2019, los magistrados Rebeca Anastasia Medina García, Carlos Alejandro Robledo Zapata, Ricardo Sánchez Márquez, Graciela González Centeno y Arturo Morales Silva, le hicieron saber a Juan Paulo Almazán que no tenían conocimiento del escrito que Monter Guerrero mandó días antes, a lo que el magistrado presidente se limitó a responder: “Entonces distribuimos el documento para que lo conozcan […] porque al haber advertido tal circunstancia, pues consideramos que lo habían hecho llegar a ustedes”.

La respuesta del magistrado Juan Paulo Almazán y la solicitud de los otros magistrados numerarios para conocer la petición de Adriana Monter del 5 de febrero del 2019, revelan entonces que la respuesta que se le entregó a Monter Guerrero donde se afirmaba que el STJE había resuelto su asunto fue una mentira orquestada por el magistrado, en búsqueda de descalificar los señalamientos de acoso laboral en su contra.

En este sentido, cabe resaltar que el magistrado Almazán Cué desdeñó las acusaciones en su contra con estos comentarios de la sesión del STJE del 14 de febrero: “Yo creo que ese es el tema primordial, la actuación de buena fe […] por eso una vez que se impongan del escrito, donde maneja un tema de acoso de carácter laboral, pues no es el tema correspondiente, sino el tema último que pudiera tener una institución pues, es perjudicar a un funcionario judicial, pero si a través del respeto a lo que los propios órganos administrativos informan respecto al estatus laboral, porque creo que es un tema estrictamente de carácter laboral”.

EN PALABRAS DE MONTER GUERRERO

“La violencia de la que me ha hecho objeto continúa hasta la fecha, pero ahora he comprobado la usurpación de funciones dentro del Supremo Tribunal, la mentira como constante de este personaje y su conducta de manera falsa ante el Pleno y los plenos del Poder Judicial”, manifestó Adriana Monter Guerrero, denunciante de estas irregularidades, quien habló sobre lo que significó para ella como profesional legal el haber sufrido estos abusos de parte del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Según Monter Guerrero, el oficio de respuesta que da Almazán Cué en febrero del año pasado, es la prueba de cómo el magistrado usurpó funciones y proclamó acuerdos que debían ser tomados por el Pleno y no sólo por él en lo particular: “determina que no existe el acoso que yo le imputo, pero la determina él, cuando era competencia del Pleno, no de él, me lo dice en este primer oficio y me lo reitera en un segundo documento cuando yo le pido que me explique si ya le dio cuenta al Pleno, él no sólo no da cuenta al Pleno, sino que reitera y resuelve que no existe un acosos laboral”.

Asimismo, la trabajadora del Poder Judicial refirió que el magistrado Almazán Cué no debió ser parte de la discusión respecto a las acusaciones en su contra, puesto que esto es una violación al Código de Procedimientos Civiles: “hay un indebido actuar porque no se excusó de conocer cuando el involucrado era él, él no podía haber resuelto eso, es muy grave lo que hace”, advirtió.

Comentó en entrevista que el magistrado Almazán Cué le obstruyó su derecho de un debido proceso y eso “es una responsabilidad administrativa que podría derivar en una responsabilidad penal por la usurpación de funciones, por el ejercicio indebido de funciones, por el abuso incluso, además él me otorgó un nombramiento de base como proyectista y luego me lo quita y me dice que no hay un documento en mi expediente laboral para justificar mi nombramiento cuando hay un acta”.

Entre algunas de las probables responsabilidades en las que incurrió el magistrado Juan Paulo Almazán Cué estarían “varias fracciones del 178 de la ley orgánica del Poder Judicial, como la demora injustificada de dar cuenta, falsear información, obstruir con dolo y mala fe el derecho de las partes y ahí están bien descritas las responsabilidades”.

Por último, Monter Guerrero apuntó que ahora dependerá del Pleno del Supremo Tribunal el analizar esta nueva solicitud entregada el 29 de septiembre y serán ellos quienes decidan cuándo y cómo tratarán las acusaciones en contra de Almazán Cué, que cada vez son más.