Por Victoriano Martínez

La temporada de nombramientos en el Congreso del Estado está lejos de terminar. Se anuncia para la semana próxima la ratificación de un grupo de magistrados del Poder Judicial del Estado, entre quienes figura Juan Paulo Almazán Cue, quien este lunes acumuló una nueva solicitud de juicio político en su contra en el propio Poder Legislativo.

La evaluación del trabajo de los magistrados a ratificar, hasta donde han revelado algunos reclamos de diputados, consiste en el envío de cajas llenas de papeles puestas a disposición de algunos de ellos con el claro afán de atiborrar para evadir y ocultar con un “quien quiera curiosear, adelante, pero ni le busquen… ya saben cómo son estas cosas”..

Sí, esas cosas de nombrar o ratificar a un funcionario suelen seguir una ruta totalmente opuesta a la que el sentido común suele recomendar: se privilegia evitar la búsqueda de personajes que el mejor perfil para defender el interés general y convierten en méritos la exhibición de actos y actitudes que mientras mayor descrédito les aporten, más elegibles se convierten.

Los diputados todavía no definen la procedencia o no de un juicio político en contra de Almazán Cue solicitado por una magistrada y varios jueces, pero ya tienen listo el dictamen que lo incluye entre la lista de los magistrados que podrían ser ratificados la próxima semana, según anunció la diputada Beatriz Benavente.

Lejos de evaluar las conductas denunciadas en esa solicitud de juicio político como un elemento que cuestiona la integridad de Almazán Cue, el dictamen que lo incluye para la ratificación anticipa y deja ver el trato que se le da, más de cuate que forma parte de su red de complicidades, que de servidor público sobre quien pesan dudas sobre su desempeño.

La resolución al primer juicio político contra Almazán Cue ya está cantada.

La presentación de una segunda solicitud de juicio político, que exhibe cómo en las propias actas del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quedó documentada la forma en que Almazán Cue puede, sin asomo de vergüenza, faltar a la verdad y violar la ley aun en perjuicio de otro juez, se presenta ya con un pronóstico adverso.

Y no se trata de que el de los nombramientos aprobados por el Congreso del Estado sea un mundo al revés sino uno retorcido en el que no se analizan méritos en pro de la población, sino deméritos y descrédito para que a los personajes seleccionados no les quede duda de la deuda y compromiso con el que llegan para garantizar impunidad a quien le deben el cargo, cuando se ofrezca.

De paso, sin duda, esa deuda y ese compromiso abren un campo de acción para tantas otras ventajas indebidas como, por ejemplo, la promoción de allegados para empleos igualmente sin méritos, tráfico de influencias y una larga lista para la que seguramente son muy creativos.

El de Almazán Cue –como antes el de Javier Delgado Sam al Consejo de la Judicatura–, al hacerse pública la información sobre los conflictos que como presidente del STJE provocó, es muestra de lo que pudiera haber atrás de cada una de las ratificaciones de magistrados se encuentran en trámite y que, por la opacidad del proceso, empareja a todos con el manto de la sospecha.

Si la ratificación de Almazán Cue parece afianzarse cada vez más en la medida en que salen a relucir sus actuaciones irregulares, ¿cuáles serán los deméritos de sus compañeros para correr la misma suerte?

Todo indica que a mayor exhibición de un perfil opuesto al que requiere el cargo, más útil resultan personajes como Almazán Cue a la red de complicidades tejida en toda la administración pública para garantizar impunidad.

Almazán Cue le ha sido útil al gobernador Juan Manuel Carreras López durante su sexenio por lo que, con su ratificación, será de los personajes que le sean más útiles para su séptimo año, junto con su incondicional Felipe Aurelio Torres Zúñiga, aún no descartado para la Fiscalía Anticorrupción.

Una mera colocación de piezas para evitar contratiempos más allá del sexenio.