Fernanda Durán
La propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para remitir al Congreso del Estado una iniciativa electoral que incluiría la alternancia de género en la gubernatura y que en 2027 obligaría a postular únicamente mujeres, ha generado posturas de las distintas bancadas en el Poder Legislativo.
Acción Nacional dijo apoyar la paridad, pero rechaza que se imponga un género obligatorio para la gubernatura; mientras, el Partido Verde considera válido legislar para hacer efectiva la participación de mujeres y evitar simulaciones; y Morena defiende que la iniciativa deriva de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no tiene destinatario político.
En el PAN, el área jurídica explicó que la paridad no es una medida extraordinaria sino un principio estatutario, pues el partido ya exige 50 por ciento de espacios para mujeres y hombres.
Eduardo Nava sostuvo que el partido está “totalmente a favor de la igualdad”, aunque llamó a revisar si el proyecto del Ceepac puede vulnerar los principios de autodeterminación y autorregulación establecidos en el artículo 41 constitucional. Además de que una obligación rígida podría excluir perfiles y generar la impresión de disposiciones “a modo”.
A Nava también se le preguntó que, si de aprobarse la reforma del Ceepac, Enrique Galindo Ceballos quedaría automáticamente fuera de la contienda. Sin embargo, evitó especular, y que ese tipo de definiciones corresponden a cada aspirante.
De igual forma, destacó que Acción Nacional cuenta con perfiles femeninos competitivos como las diputadas Mireya Vancini y Aranzazu Puente, además de la senadora Verónica Rodríguez Hernández, y otras mujeres dentro y fuera del partido que podrían contender en igualdad de condiciones.
El coordinador panista, Rubén Guajardo Barrera, señaló que la iniciativa será analizada dentro de un calendario más amplio, pues el Congreso espera la reforma electoral federal para evitar ajustes contradictorios.
Recordó que la Constitución solo exige que las reglas estén definidas 90 días antes del inicio del proceso de 2027, por lo que “hay tiempo”.
Añadió que el PAN prepara su propia propuesta de reforma electoral para presentarla al inicio del cuarto periodo, acompañada de foros y ejercicios de participación ciudadana.
Guajardo añadió que cualquier modificación a la fecha de inicio del proceso electoral debe respetar el límite constitucional: si se decide moverla, el Congreso tendría hasta el último día de septiembre de 2026 para aprobar los cambios.
“En un calendario 2026 tenemos hasta el último día de septiembre para poder tener un proyecto de ley bien”, apuntó, insistiendo en una planeación legislativa sin prisas y en coordinación con la reforma nacional.
Desde el Partido Verde, el coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, se pronunció a favor de revisar ajustes legales que hagan efectiva la participación de las mujeres en puestos de poder.
Recordó que, durante años, en los partidos se hablaba de “pagar cuotas de género” y calificó esa lógica como ofensiva, y si las mujeres solo son candidatas para cubrir un requisito formal, no hay un cambio real; en cambio, si se quiere que efectivamente gobiernen, “sí hay que revisarlo” y dejar de lado las simulaciones, sin perder de vista también la inclusión de jóvenes y otros grupos históricamente relegados.
Sobre casos como Venado en 2024 —cuando un hombre se registró como mujer para cumplir la cuota— aceptó que hay intentos individuales de burlar la norma, pero que ello no debe detener las reformas.
“Es inevitable que alguien quiera aprovecharse, pero siempre tendrá el escrutinio público (…) y con eso cargas toda tu vida”. Añadió que estos hechos no anulan la necesidad de avanzar en igualdad sustantiva.
Desde Morena, la diputada Gabriela López Torres defendió la facultad del organismo electoral para presentar la iniciativa y que “no lleva ningún nombre”, pues responde a una sentencia de 2021 que ordena garantizar la paridad en la gubernatura, por lo que la obligación debió cumplirse hace dos procesos.
Propuso incorporar un candado contra el nepotismo que impida que personas con parentesco hasta tercer grado accedan a candidaturas, como ocurre en otras propuestas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De incluirse ese artículo, dijo, votaría “irremediablemente a favor”.
“Pondría sobre la mesa es que esta iniciativa fuera acompañada de una cláusula muy importante: a mi ver, a mi parecer, que ningún familiar pueda formar parte de estas candidaturas.
Si en esa circunstancia, hasta tercer grado, ya sea consanguíneo o lineal, existiera esa cláusula, ese artículo dentro de esta iniciativa, pues estaríamos hablando de un efectivo no nepotismo en nuestro estado”.
Se le cuestionó si el candado antinepotismo que propone aplicaría también para la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, a lo cual respondió que el propósito de la cláusula es impedir la “herencia” de cargos de elección popular, por ejemplo, que un diputado transfiera su curul a un familiar, y no sancionar otros movimientos dentro del partido.
Aseguró que en Morena “hemos sido muy claros” en rechazar el nepotismo, y que lo relevante es que quienes aspiren a un cargo lleguen por trabajo y mérito, no por vínculos familiares.
Insistió en que no se trata de una ocurrencia personal, sino de acompañar las propuestas de la Presidencia y de cumplir con criterios que ya se aplican en otras entidades.
En este contexto, Guajardo Barrera reiteró que, además de la paridad en la gubernatura, cualquier cambio electoral requerirá consultas indígenas y un rediseño de acciones afirmativas que incluya a jóvenes, indígenas y personas con discapacidad.
Reconoció el aporte del Ceepac al presentar un proyecto, pero “eso no quiere decir que sea el único ni el que vaya a tener” la última palabra.
