Fernanda Durán
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) vivió nuevamente una jornada de inconformidad estudiantil, luego de que se denunciara una agresión hacia una alumna con discapacidad motriz por parte de una académica de la institución.
Aunque la Facultad no se encuentra tomada y las actividades cotidianas continúan con normalidad, un grupo de estudiantes expresó su rechazo ante lo que consideran una nueva muestra de violencia y falta de respuesta institucional hacia casos de acoso y agresión dentro del plantel.
La inconformidad surgió tras la denuncia pública de una estudiante que utiliza silla de ruedas, quien acusó a la postdoctorante Mónica Elizama Ruíz Torres de haberla agredido física y verbalmente durante la organización de un simposio académico.
En un escrito difundido por la comunidad universitaria, la joven relató que, durante el evento, se sintió “pequeña, vulnerada, cansada y emocionalmente desgastada”, ya que no recibió apoyo institucional debido al paro estudiantil que se mantenía en ese momento. Según su testimonio, fueron sus padres quienes intervinieron para asistirla durante la jornada.
“Se me vulneró como mujer con discapacidad. Se me retuvo físicamente, se me humilló y abusó de la autoridad. No puede ser que el ego académico sea tan grave que se priorice el protagonismo por encima del respeto y la dignidad”, expresó la estudiante.
De acuerdo con su denuncia, la académica le hizo múltiples reproches y, en un momento de tensión, la sujetó de los fierros de su silla de ruedas para impedirle avanzar, lo que la joven calificó como una agresión directa hacia su condición de vulnerabilidad.
El hecho provocó indignación entre los estudiantes, quienes colocaron pancartas dentro de las instalaciones de la facultad para denunciar la violencia y el acoso que, afirman, persisten dentro del espacio universitario.
Además, señalaron su descontento porque uno de los profesores previamente acusado de violentador aún imparte clases, lo que consideran una muestra de impunidad institucional.
Ante las manifestaciones y el descontento, representantes estudiantiles fueron atendidos por la Defensoría de Derechos Universitarios, la cual ya toma cartas en el asunto para investigar los hechos y atender las demandas de la comunidad.
Por el momento, la dirección de la Facultad informó que las clases y actividades administrativas se desarrollan de manera habitual, mientras continúan las revisiones correspondientes sobre los señalamientos de violencia y discriminación.
