Fernanda Durán
En el contexto del debate abierto en San Luis Potosí sobre la fiscalización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMERIAF), Leticia Jiménez Zamora, sostuvo que las resoluciones judiciales recientes han reafirmado los límites constitucionales que impiden a los estados fiscalizar directamente a las universidades públicas por el uso de recursos de origen federal.
Jiménez Zamora, quien también se desempeña como tesorera general de la Universidad Autónoma de Guerrero, explicó que esas resoluciones no crean un nuevo criterio, sino que “dan claridad a lo que marca la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, así como a la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
En ese marco, precisó que los recursos federales transferidos a las universidades sólo pueden ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación, además de que la ley delimita con claridad las competencias de cada organismo fiscalizador y refuerza la obligación de respetarlas.
Al ser cuestionada sobre si es recurrente que los estados busquen fiscalizar a las universidades, Jiménez Zamora reconoció que la situación se vuelve problemática cuando la intención trasciende lo técnico y adquiere tintes políticos.
“Sobre todo, yo creo, con tendencias políticas o de afectar la propia operación y administración de las universidades”, advirtió.
Rechazó que la defensa de la autonomía implique opacidad, pues las universidades cuentan con múltiples mecanismos internos de control.
“Las universidades tenemos órganos de control interno, tenemos un consejo universitario, tenemos las propias instancias de fiscalización”, explicó, además de establecer que incluso los recursos autogenerados son revisados conforme a mandatos del propio consejo universitario, a través de contralorías, auditorías internas y áreas financieras.
En ese sentido, señaló que cada recurso está sujeto a reglas de operación específicas y que su ejercicio es fiscalizado conforme a ellas. Sin embargo, cuando un estado pretende auditar a una universidad “sin el conocimiento pleno de bajo qué criterios y ordenamientos legales lo tiene que hacer”, se abre la posibilidad de una intervención indebida. “Ahí sí puedes vislumbrar que puede ser una tendencia política tal vez”.
Jiménez Zamora enfatizó que las universidades no son actores políticos, sino instituciones públicas al servicio de la sociedad.
“Las universidades no somos políticas, las universidades somos del y para el pueblo, para la ciudadanía”, expresó, al destacar que su función central es la formación de estudiantes con responsabilidad social, pensamiento crítico e integración al entorno laboral.
También recordó que el ejercicio del gasto universitario es revisado de manera sistemática por la Auditoría Superior de la Federación y que los resultados son públicos.
“Hay un informe individual incluso que se entrega a la Cámara de Diputados”, indicó, sumado a que los informes de todas las universidades pueden consultarse en el portal de la ASF, donde se detalla el ejercicio de los recursos.
Sobre la transparencia de los llamados recursos propios, aclaró que las universidades no cuentan con “ingresos propios” en el mismo sentido que los municipios. Precisó que lo que se obtiene son recursos autogenerados derivados de aportaciones intelectuales y servicios, necesarios para sostener la operación institucional ante la insuficiencia del financiamiento público.
Explicó que la Ley de Educación Superior impulsa la gratuidad de la educación pública, pero que también prevé la existencia de un fondo de equidad para compensar a las universidades, el cual no siempre se materializa. Ante ello, los recursos autogenerados permiten atender, de manera limitada, necesidades de estudiantes, docentes e infraestructura, siempre bajo regulación interna.
“No hay facultad del Estado de revisar un recurso autogenerado porque estaría violentando la autonomía de la propia universidad”, sostuvo, al citar el artículo tercero constitucional y su fracción séptima, que establece que las universidades administran su propio patrimonio.
Finalmente, al referirse a los señalamientos hechos en San Luis Potosí sobre posibles procedimientos legales o penales contra autoridades universitarias, Jiménez Zamora señaló que cualquier aclaración debe realizarse con base en la ley.
“Nadie y nada está encima de nuestra Carta Magna”, afirmó y añadió que la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas fue diseñada precisamente para definir atribuciones, límites y responsabilidades de autoridades y entes fiscalizados.
La presidenta de AMERIAF dijo confiar en que los gobiernos estatales no actúen contra sus universidades, al considerar que hacerlo implicaría afectar directamente a estudiantes y docentes.
“Ir en contra de la universidad es ir en contra de sus estudiantes y de sus maestros”.
