María Ruiz
El reciente informe La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales, elaborado por la organización Causa en Común, arroja una preocupante luz sobre cómo se está registrando la violencia en San Luis Potosí.
De acuerdo con el documento, el estado presenta severas inconsistencias que sugieren una manipulación administrativa para diluir la gravedad de los crímenes de alto impacto mediante la reclasificación de delitos.
En el rubro de la violencia letal, San Luis Potosí reportó una aparente disminución del 53 por ciento en víctimas de homicidio doloso en comparación con 2024, sumando un total de 207 casos oficiales. Sin embargo, el informe advierte que esta caída coincide con cifras alarmantes en categorías paralelas que suelen usarse para esconder asesinatos intencionales.
Durante el mismo periodo, el estado registró 332 homicidios culposos (accidentes) y 243 víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad corporal”. Esto significa que, de manera anómala, San Luis Potosí reportó muchas más víctimas en estas categorías ambiguas que en la de homicidios dolosos. Paralelamente, los registros de feminicidio también mostraron una supuesta reducción del 53 por ciento frente al año anterior.
El panorama de las desapariciones y privaciones de la libertad repite este mismo patrón de opacidad. El estado contabilizó 133 personas desaparecidas en 2025, lo que representa una disminución del 16 por ciento.
Por su parte, el delito de secuestro sumó 13 víctimas oficiales. No obstante, Causa en Común revela que, contiguo a esta cifra, San Luis Potosí registró un abrumador total de 519 víctimas bajo la ambigua clasificación de “otros delitos contra la libertad”.
Esta desproporción es señalada por el estudio como un claro indicio de que los secuestros reales están siendo transferidos a clasificaciones menos vigiladas por la opinión pública.
Donde las cifras de San Luis Potosí no pudieron ocultarse fue en el delito de narcomenudeo, rubro en el que la entidad destaca de manera crítica a nivel nacional. El estado se posicionó como el segundo con la mayor cantidad de casos en todo el país, reportando 12 mil 329 carpetas de investigación.
Aún más grave es su tasa de incidencia, ya que San Luis Potosí encabeza la lista nacional con 437 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que pulveriza el promedio nacional de 83 casos.
Finalmente, la violencia en las carreteras sigue siendo un foco rojo para el estado. En el delito de robo a transportista con violencia, San Luis Potosí figuró entre los cinco estados con más casos registrados a nivel nacional, sumando 174 incidentes. La gravedad de este ilícito en la región es tal que un municipio potosino figura entre los diez municipios con mayor incidencia de este delito en toda la República Mexicana.
La narrativa que el documento de Causa en Común construye sobre estos hallazgos es contundente y cuestiona la veracidad del discurso gubernamental.
Como concluye tajantemente el estudio tras analizar estas anomalías estadísticas, “las cifras oficiales sobre inseguridad confirma que éstas no reflejan la realidad; son útiles para efectos de la propaganda gubernamental, pero no para construir política pública”.
