4

Ciudad de México, (17 de abril de 2015).- Con el respaldo de 385 votos, la Cámara de Diputados respaldó ayer la Ley General de Transparencia que casi triplica el número de sujetos obligados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), al pasar de 17 a 50 los entes —organismos, instancias y entidades— que deberán rendir cuentas de los recursos públicos ejercidos.

Sin realizar ningún cambio al proyecto que hace un mes le envió el Senado, el pleno de San Lázaro envió la minuta aprobada al Ejecutivo federal, para su promulgación.

Las bancadas del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza se sumaron a esta ley que fija las bases y los procedimientos para garantizar el acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En contra se manifestaron 24 diputados de los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena. Hubo tres abstenciones.

Al exponer los alcances de la reforma, Abel Salgado Peña, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que con este nuevo ordenamiento, “en primer lugar, se termina cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos”.

Expuso el legislador priista que, en atención a la demanda ciudadana, se amplió el catálogo de sujetos obligados, mismos que se añaden a las dependencias y entidades que desde la creación del IFAI debían proporcionar la información requerida.

“Se facilita el acceso y construcción de los portales de transparencia a través de la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, que será integrada por el Sistema de solicitudes de acceso a la información, por el Sistema de gestión de medios de información, por el Sistema de portales de obligaciones de transparencia y por un Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados”, enumeró Salgado Peña.

“No más opacidad en el uso de recursos públicos. Para ello se amplía el catálogo de obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados para pasar de 17 a casi 50 entre las que destacan las relacionadas con los montos destinados a gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial; montos, criterios y convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos; concesiones, contratos, convenios, permisos licencias o autorizaciones otorgados; información sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.

“En general, una serie de obligaciones que la ley considera de relevancia toral para su difusión pública, constante, proactiva y creciente”, pormenorizó.

El presidente de la Comisión de Gobernación expuso que la nueva ley incorpora figuras como la prueba de daño y la prueba de interés público para cuando se pretenda reservar información.

Especificó el diputado que se establece la imposibilidad de invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad o de situaciones vinculadas a actos de corrupción.

Al señalar las razones por las cuales debía avalarse esta ley, el priista señaló que “los ciudadanos tienen el derecho de conocer el destino del gasto público, tanto como el correcto ejercicio de la función pública a cargo de autoridades y representantes populares”.

El dictamen se compone de 216 artículos y 13 transitorios, y es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución, referente a la transparencia y el acceso a la información.

Al argumentar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la bancada de Morena, alegó que la ley violenta la autonomía que la Constitución le otorga al IFAI, toda vez que se fijan procedimientos que condicionan el ejercicio del derecho a la información.

“Esta ley, por desgracia, a pesar de evidentemente reconocer algunos avances en lo general, es más de lo mismo”, consideró el legislador opositor.

La discusión se prolongó por cinco horas para la presentación de reservas en torno a 36 artículos. Pero ninguna prosperó.  Ni siquiera hubo mayoría en favor de someter a debate alguna de las propuestas.

Debaten autoría de iniciativa

Ruth Zavaleta Salgado, diputada federal del Partido Verde, reivindicó en tribuna la Ley General de Trasparencia como proyecto que hizo suyo el presidente Enrique Peña y que en el Senado se empujó por Pablo Escobar, legislador de su partido.

“La política es el arte de lo posible y lo que vamos a aprobar hoy es eso: la voluntad de la mayoría. Mayoría por cierto —que en su mayoría— apoyamos la política de Estado impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto”, expuso la experredista.

En referencia a la oposición del Partido del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano, de que habrían señalado que el gobierno federal se aleja en la práctica del espíritu de la ley, Zavaleta Salgado impugnó:

“La única esquizofrenia en esta tribuna es la de aquellos que nunca quieren reconocer que lo que aquí se trabaja es de gran avanzada.

“Y es que porque quizá desconocen lo que ha pasado en otros tiempos, quizás apenas incursionan en la política, porque no reconocer que el sistema de transparencia viene a complementar el sistema anticorrupción y viene también a revolucionar el sistema democrático del país, eso es esquizofrenia; no la que vienen a dictar aquí, en esta tribuna, descalificando siempre todo lo que hacemos”.

En alusión a los gobiernos capitalinos de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, la legisladora del Partido Verde señaló que con la reforma avalada “se va a acabar la simulación de los gobiernos que se dicen democráticos y que reservan información por 12 años de los segundos pisos del Periférico o del Metro de la Línea Dorada”.

Por el PRD, el diputado  Fernando Belaunzarán Méndez reviró:  “Ésta no es una iniciativa de Enrique Peña Nieto. No es una iniciativa presidencial”.

Alegó el perredista que el ordenamiento constituía un triunfo de la sociedad civil. “Sí hubo un intento de echar para abajo lo que habían acordado en la mesa, y cuando llegaron las 80 observaciones del consejero jurídico (de la Presidencia), la sociedad civil, el IFAI, los grupos parlamentarios, la opinión pública no dejó pasar esas observaciones”, recordó.

En tanto, el diputado Fernando Zárate Salgado, ahora independiente, planteó que en un proceso de negociación todos deben ser ganadores, sobre todo los ciudadanos.

Postulado ahora por  la coalición PRI-Verde para una diputación en la ALDF, el experredista hizo un reconocimiento a su anterior partido, al PAN y al PRI, así como al Verde y a Nueva Alianza, por haber hecho posible este cambio.

Zarate Salgado señaló, sin embargo, que quedaron temas pendientes, como definir lo que habrá de entenderse por asuntos de seguridad nacional. “No puede ser un término que como excusa esconda la información que los ciudadanos deben entender, deben comprender y deben recibir”.

AN: estamos hartos de la opacidad

Al fijar postura a nombre del PAN, el diputado Fernando Rodríguez Doval afirmó que “la transparencia es una de las conquistas políticas que México puede exhibir a la sociedad y puede exhibir al mundo”.

Enfatizó que la ley en la materia tendrá que ir de la mano con el futuro Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo dictamen este jueves avanzó en comisiones en el Senado.

“Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado respetuoso a nuestros compañeros senadores, para que a la brevedad podamos estar aprobando también en la colegisladora este Sistema Nacional Anticorrupción”, señaló el panista.

Hizo un reconocimiento a asociaciones civiles, académicos y senadores que trabajaron en la construcción de la Ley General de Transparencia, a la que calificó como un logro de todos. Pero en seguida reivindicó a su partido como el impulsor del tema.

“Debemos tener memoria histórica, y no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que la primera ley de transparencia que hubo en este país fue, precisamente, cuando Acción Nacional estuvo en la Presidencia, en 2002.

No le quitamos mérito a los demás, pero es importante señalar que mientras para otros partidos la transparencia nunca ha sido una prioridad, para Acción Nacional lo ha sido desde su fundación”, remarcó Rodríguez Doval.

“Hoy los ciudadanos están hartos de que existan políticos y funcionarios que usan los recursos públicos como si fueran recursos personales. Hoy los ciudadanos están hartos de que existan sindicatos que no le rindan cuentas a nadie de los recursos que reciben del Estado mexicano.

“Los ciudadanos están hartos de que existan poderes opacos que no transparentan sus propias finanzas”, expuso el también representante del PAN en las negociaciones anticorrupción.

En tanto, el también panista Carlos Fernando Angulo se inconformó con el artículo transitorio que da a los legisladores cinco meses para asumirse como sujetos obligados en la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos que las bancadas reciben.

Fuente: Excélsior

Leave a Reply